No obstante, admitió que “nuestra región ha cambiado mucho y ha cambiado para bien en estos últimos años; ha cambiado la economía, la sociedad y la política”.
El titular de la Organización de Estados Americanos, cuya próxima asamblea se realizará en la capital paraguaya entre el martes y el jueves, sostuvo en un documento enviado a organizaciones civiles que “ni la ampliación de la democracia, ni el mejor crecimiento económico han permitido ampliar las perspectivas de una vida mejor para muchos ciudadanos, no han convertido a nuestros países en una sociedad más igualitaria”.
Enfatizó que “aún prevalece un alto grado de injusticia en la distribución de la riqueza y en el acceso a los bienes sociales, una desigualdad que es de tamaño tal que incluso daña nuestro tejido democrático”. El tema principal de la asamblea, precisamente, es el combate a la desigualdad social.
“Esto es un problema hemisférico, no es un problema solo de América Latina, afecta a muchos países del mundo, y en las Américas afecta a todas sus regiones con distintas realidades pero con la misma profundidad y esto constituye un obstáculo para la eficaz realización de la agenda de la democracia”, añadió Insulza.
Entre las actividades previas a la asamblea, que contará con la presencia de 28 ministros de Relaciones Exteriores, Insulza tiene previsto reunirse con el presidente paraguayo Horacio Cartes, con los empresarios e industriales de varias naciones e, incluso, participará en un encuentro con representantes de organizaciones civiles para escuchar sus inquietudes.
Durante un encuentro el lunes con más de 300 representantes de sociedades civiles, Insulza contestó la mayoría de los reclamos. En uno de ellos, sin embargo se excusó: “el tema del aborto es muy complejo por lo que no daré opinión ni habrá declaración, por ahora”.
Con relación a las malformaciones de niños en la década del 60 en Chile por efectos del fármaco talidomida, que dejó de usarse posteriormente en mujeres embarazadas, Insulza comentó que “no sabía que las personas con las extremidades (brazos y piernas) afectadas por la droga hace como cinco décadas no fueron todavía atendidas en sus reclamos” por lo que tomó nota para derivar la situación a la oficina de derechos humanos.
Los intervinientes, en su mayoría, tuvieron menos de un minuto para exponer su inquietud sin necesidad de identificarse. Uno de ellos que dijo ser afro-colombiano expresó su queja porque, supuestamente, el gobierno de Colombia no intervino prohibiendo la explotación minera en los territorios de los descendientes africanos.
Insulza admitió que desde la OEA “no podemos obligar a realizar acciones a los Estados, sólo presentamos convenciones para que los firmen pero son las personas de cada país quienes deben manifestarse”. “Pero quiero comentar algo que debe ser atendido: en los censos todavía no aparecen los pueblos afro-colombianos como una categoría de población, entonces falta hacerles ese reconocimiento”, acotó.