Desde hace diez años, el 5 de junio es un día de luto en México, luego del terrible incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Esta tragedia dejó en 2009 a 49 niños, de entre cinco meses y cuatro años, fallecidos y a otros 106 heridos y con secuelas para toda la vida.
Al recordar el suceso, durante su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador dijo:
“Este hecho lamentable conmovió y sigue doliendo al pueblo de México. Nunca más”.
Indicó que las anormalidades en la subrogación de guarderías e instancias infantiles influyeron en tragedia.
Los padres de las víctimas y los sobrevivientes continúan exigiendo justicia y que los culpables lleguen a las cortes. Sobres esto, el mandatario dijo que no los ha recibido por que está en espera de que “se pongan de acuerdo”, pues sabe que hay diferencias entre ellos.
Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dijo:
“Compartimos todo el esfuerzo para llegar a la justicia que se demanda desde hace 10 años”.
¿Qué ha ocurrido desde entonces?
La Guardería ABC era una instancia privada que funcionaba bajo el esquema de subrogación por el IMSS desde 2001.
Los tres dueños de la estancia eran Gildardo Francisco Urquides Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella. La pusieron a funcionar bajo el amparo de un contrato firmado por Juan Molinar Horcasitas, el entonces director del Instituto.
La ABC no cumplía con las normas mínimas de seguridad y protección civil; el techo estaba recubierto con un plafón de material inflamable, que se derritió y cayó sobre los pequeños. No habían salidas de emergencia, había sobrecupo de niños y poco personal, por mencionar solo algunas de las faltas.
Así respondió en IMSS
El IMSS presentó una denuncia contra José Eduardo Robinson Bours Castelo, ex gobernador de Sonora, por el suceso. Esta acusación está respaldada en el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil.
La denuncia señala que su deber como gobernador radicaba en la vigilancia y protección del correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil.
“De manera concreta que los prestadores del servicio de guardería cumplieran con los estándares mínimos previstos en Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales, aspecto que podría haberse dejado de lado, en consecuencia, su conducta omisa generó peligro para los bienes jurídicos titulados: la vida y salud de un grupo de especial vulnerabilidad: niños y niñas”.
Además, el IMSS señala que la guardería se encontraba en una zona peligrosa, pues de un lado compartía un muro con una bodega que almacenaba papel, la parte trasera colindaba con un depósito de llantas y a menos de 50 metros había una gasolinera.
A su vez, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que el gobierno ofrecerá una disculpa por la tragedia, pero que se hará hasta que se llegue a un acuerdo satisfactorio, por petición de las víctimas.
Luego de diez años, y pese a las exigencias de los padres, aun no hay sentenciados en prisión y las víctimas continúan sin recibir una reparación integral del daño.
En 2016 fueron sentenciadas 19 personas, pero permanecen libres bajo un juicio de amparo; los funcionarios de primer nivel que estuvieron detrás de lo ocurrido no fueron juzgados.