Un grupo de constitucionalistas y expertos en ética gubernamental ingresaron en una corte federal de Nueva York una demanda que argumenta que el presidente Donald Trump está violando la Constitución de Estados Unidos.
La demanda, ingresada en la corte del distrito sur de Nueva York, indica que Trump viola la disposición constitucional que establece que los presidentes no pueden recibir emolumentos o pagos de gobiernos extranjeros.
El documento argumenta que mediante sus varios negocios, como sus hoteles, campos de golf y edificios en renta, Donald Trump recibe compensaciones de gobiernos extranjeros que adquieren el derecho de usar estas instalaciones.
La cláusula constitucional prohíbe a los presidentes recibir cualquier objeto de valor de gobiernos extranjeros, incluyendo de empresas controladas por gobiernos extranjeros, sin la aprobación del Congreso.
El pasado 11 de enero, Donald Trump anunció que cedería el control de sus negocios, con intereses en más de 500 compañías y activos de tres mil 600 millones de dólares, a sus dos hijos mayores, Eric y Donald Jr., quienes evitarían informarle sobre la administración de la organización.
De acuerdo con Donald Trump la medida va más allá de lo que la ley le exige, pues de acuerdo con sus interpretaciones el presidente no está sujeto a las regulaciones sobre conflictos de interés.
Expertos sobre ética gubernamental que apuntaron que la única manera en que Trump evitaría conflictos de interés es vendiendo todas sus empresas y colocando los recursos en un fideicomiso ciego del que él no tuviera ningún control.
El hecho de que Trump no se deshiciera por completo de sus negocios, y que los cediera a su familia cercana, significa que el presidente “ahora recibe dinero y favores de gobiernos extranjeros”.
Este dinero es obtenido mediante “huéspedes y eventos en sus hoteles, arrendamientos en sus edificios y valiosas ofertas de bienes raíces en el extranjero”, en países como China, India, Indonesia y Filipinas.
Los abogados explicaron que cuando como presidente Trump negocie acuerdos comerciales con estos países, el pueblo estadounidense no sabrá si él también considerará sus beneficios empresariales.
Expertos legales independientes precisaron que para que la demanda pueda detonar un juicio los quejosos deben demostrar que han sido afectados de manera directa por la supuesta violación constitucional de Trump, lo que no es del todo evidente.
En ese sentido, la Unión Estadunidenses para las Libertades Civiles (ACLU) informó por separado que busca hoteles y alojamientos que se sientan perjudicados por las propiedades de Trump y que estén dispuestos a demandar al presidente por violar la cláusula de emolumentos.