En este contexto dio a conocer que en el DIF a través del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, que tiene el propósito de promover acciones tendientes a la prevención y atención de la explotación sexual infantil, el año pasado protegió a 209 infantes y adolescentes, víctimas de explotación sexual infantil, y a dos mil 474, en riesgo.
Frente a ese problema, resaltó que la prevención, atención y erradicación de ese flagelo es una prioridad para el presidente Enrique Peña Nieto, observada en el Plan Nacional de Desarrollo en el apartado México en Paz que señala, que para alcanzar la paz, se debe comenzar por prevenir la violencia ejercida contra la infancia y adolescencia.
También sostuvo que con base en la directriz de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del SNDIF, Angélica Rivera de Peña, la tarea fundamental de dicha institución es garantizar a niñas, niños y adolescentes en cumplimiento de todos sus derechos, de tal forma que puedan crecer en un ambiente sano para desarrollarse, mejorar su calidad de vida y bienestar.
En un comunicado, dio a conocer que a través de la Comisión Intersecretarial, conformada para atender el tema, se avanza hacia un enfoque amplio y coordinado para disminuir los factores que propician la trata, prestar atención a las víctimas y contribuir en la implementación de una política de Estado en la materia.
Al participar en la inauguración del Foro de Análisis y Reflexión en torno a la Trata de Personas en Niñas, Niños y Adolescentes en México, refirió que dada su posición geográfica y situación económica, México enfrenta un gran desafío respecto a la trata de personas porque lastima profundamente los derechos humanos, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
Más adelante, dijo que de acuerdo con el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2012, se ha identificado como la principal modalidad, la trata de personas con fines de explotación sexual, en la cual las mujeres están en un mayor grado de vulnerabilidad.
Vargas Carrillo precisó que instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general, tienen el compromiso de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y castigar a los responsables de esos delitos.
Así como generar modelos de intervención oportuna, porque toda omisión, señaló, constituye una violación a los derechos humanos, las libertades de las víctimas y la anulación de su pleno disfrute.
En tanto, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, señaló que la trata de personas es una de las peores formas contemporáneas de explotación, por lo que el Estado debe conjuntar todos sus esfuerzos para erradicarla, e hizo un reconocimiento al Sistema Nacional DIF, por su papel relevante para atender la problemática de la trata.