Los abogados de Juan Carlos Álvarez sostuvieron ante la Corte de Apelaciones que el mexicano careció de una defensa eficiente en el juicio en el que fue condenado a muerte, ya que su defensor padecía entonces una enfermedad que lo llevó incluso a retirarse del caso.
También argumentaron en la apelación que el Estado no proveyó al abogado defensor de oficio los recursos necesarios para pagar investigadores y expertos que podían haber aportado evidencias a favor del mexicano.
Álvarez, de 37 años y originario de Matehuala, en el central estado mexicano de San Luis Potosí, fue sentenciado a la pena capital por su participación en dos balaceras que provocaron la muerte de cuatro personas en Houston, Texas, en 1998.
De acuerdo con las autoridades, el 6 de junio de 1998, Álvarez disparó desde un auto en movimiento un rifle de asalto SKS contra un grupo de personas en un complejo de apartamentos, creyendo que eran miembros de una banda rival.
Otros dos individuos que acompañaban a Álvarez en el automóvil también dispararon y aunque las pruebas de balística determinaron que el mexicano no disparó las balas que causaron las muertes, testimonios de testigos revelaron que ayudó a planear el tiroteo. Dos personas que eran hermanos murieron y otras seis más resultaron lesionadas en el incidente.
Según la policía, días después, el 17 de junio de 1998, Álvarez disparó y mató a dos hombres en un complejo de apartamentos en el suroeste de Houston. Las víctimas recibieron disparos a quemarropa en la espalda y la cara. En este tiroteo, Álvarez usó el mismo rifle de asalto SKS que había usado en la primera balacera.
De acuerdo con el Departamento de Justicia Criminal de Texas, Álvarez es uno de los 10 reos mexicanos que actualmente se encuentran sentenciados a la pena de muerte en Texas en espera de su fecha de ejecución.
En total, unos 59 mexicanos se encuentran en cárceles estadunidenses sentenciados a la pena capital, la mayoría de ellos en California, según datos del Centro de Información en Pena de Muerte.