(AP Photo/Martin Mejia)
Ahora, cuando busca convertirse en presidente por tercera vez en 2016, los “narcoindultos”, como se conoce localmente a la reducción de condenas a favor de narcos, se han convertido en enormes piedras en sus zapatos. Funcionarios de su segundo gobierno enfrentan juicios acusados de montar una red criminal para sacar a los presos de la cárcel a cambio de dinero.
Interrogado hace dos años en una comisión investigadora del Congreso, el candidato de 66 años insistió en que trabajó “miles de horas” en su despacho presidencial, con frecuencia entre las 10 de la noche y la una de la madrugada, para estudiar los gruesos expedientes de los narcotraficantes.
“Cada una de estas concesiones las hice pidiendo el consejo de Dios”, dijo García, el líder del partido aprista peruano.
Pero los testigos presentados en un tribunal instalado dentro de una cárcel de máxima seguridad cuentan una historia distinta: rápidas rebajas de penas luego de que los sentenciados pagaran miles de dólares, liberaciones decididas en un solo día o la omisión de incluir detalles importantes en el informe final, como cuántos kilos fueron incautados a la organización criminal del narco indultado, o si tenía antecedentes penales.
Catorce funcionarios del segundo gobierno de García (2006 – 2011), que trabajaron en la comisión de indultos y rebajas de pena creada por el mandatario, han estado declarando desde septiembre en un juicio, acusados de asociación ilícita para delinquir y corrupción por las reducciones de sentencias de narcos. Si son declarados culpables enfrentarían entre ocho y 17 años de prisión.
En total, 1.167 condenados por narcotráfico agravado, en términos generales quienes poseían más 10 kilos de cocaína o integraban bandas criminales, fueron liberados de un plumazo por García.
“Desde 1990 he trabajado en 114 países de todas las regiones del planeta y yo no conozco ningún otro caso de tal magnitud numérica”, dijo Edgardo Buscaglia, experto internacional en narcotráfico e investigador principal en derecho y economía de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Desde el punto de vista legal, como García ha subrayado, las disminuciones de pena están dentro de la órbita del poder presidencial. The Associated Press pidió una entrevista con García para conocer sus comentarios sobre las rebajas e indultos que otorgó en su segundo gobierno, pero no obtuvo una respuesta al momento.
Un informe de una comisión investigadora del Congreso, que estudió las más de 5.000 rebajas, incluyendo las de más de 1.700 presos por hurto agravado, determinó el año pasado que García creó un sistema legal paralelo que violó la Constitución.
Impulsó “la corrupción, el crimen violento, la alteración de la economía, el lavado de activos, un espectro de hechos delictivos que al partido aprista no le importó”, dijo Yván Montoya, ex procurador público anticorrupción y profesor de derecho penal de la Universidad Católica de Perú.
Meses después de que García culminara su segundo mandato, la agencia antidrogas estadounidense declaró que Perú se convirtió en el primer productor mundial de cocaína al superar a Colombia.
Ni un solo gran capo del narcotráfico fue capturado o condenado durante el gobierno de García. Las incautaciones de cocaína fueron, en promedio, de 12.8 toneladas al año y los miembros del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), el partido de centro del que hace parte García, reforzaron el control que tienen de años sobre un corrupto sistema judicial.
“Hay jueces y fiscales apristas, hasta hace poco (el exmandatario) tenía el control del Tribunal Constitucional, de manera que García se siente blindado, siente que nadie lo va a tocar”, dijo el legislador Sergio Tejada, quien presidió la comisión investigadora del Congreso.
Steven Levitsky, profesor de la escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, dice que va ser muy difícil recuperar la confianza necesaria para que García gane la presidencia en 2016. Las revelaciones del juicio por los narcoindultos “refuerzan la imagen de un político corrupto que ya existía desde antes”, dijo aunque admitió que García “es un político muy hábil” y que “las elecciones peruanas siempre son muy volátiles”.
El candidato está tercero en las preferencias presidenciales con un 7%, por debajo de Keiko Fujimori que va de primera y del economista Pedro Kuczynski quien está segundo, según el último sondeo nacional de la firma Ipsos de octubre.
Pero las elecciones peruanas, que se celebran en abril, han sido históricamente impredecibles. García es famoso por sus poderes de persuasión y Fujimori, quien en 2011 perdió en segunda vuelta ante el actual presidente Ollanta Humala, también está manchada por un legado de corrupción. Su padre, Alberto, está preso tras ser condenado por asesinato y corrupción cometidos durante su gobierno (1990-2000).
Cuando era joven, Alan García dirigió por primera vez el país entre 1985-1990. Dejó una inflación galopante y un país golpeado por una ofensiva del grupo guerrillero Sendero Luminoso.
Un año antes de iniciar su segundo gobierno en 2006, el abogado Miguel Facundo lo representó en una frustrada demanda contra un grupo de activistas de derechos humanos, a quienes acusó de buscar afectar su candidatura.
Facundo luego fue nombrado jefe de la comisión de rebajas de penas e indultos y es ahora el principal acusado en el juicio por los narcoindultos.
Según la fiscalía, Facundo y sus subordinados buscaron en las cárceles de Perú a los reclusos que tenían dinero para pagar por una reducción de sus sentencias. La comisión que dirigía tuvo entre sus filas a dos ex presos por narcotráfico y empleó a varios narcotraficantes influyentes que se encontraban en prisión.
En total, esa comisión envió a García expedientes de más de 7.000 sentenciados por varios crímenes. Más de 5.000 penas fueron conmutadas, incluyendo las de 1.781 presos por robo agravado.
El fiscal del caso, Walther Delgado Tovar, dijo que en total hubo 3.500 disminuciones de penas de sentencias de presos por tráfico ilícito de drogas. “Fue una predilección”, dijo.
Un caso típico de reducción de una pena es la del narco eslovaco Eugen Csorgo, que pagó 15.000 dólares para que le disminuyeran su condena de 15 a seis años, según dijo un testigo que vivió en la misma cárcel del eslovaco.
El testigo Marco Gálvez afirmó que gestionó la salida de Csorgo con el entonces ministro de justicia Aurelio Pastor cuando éste visitó la cárcel. Gálvez dijo que Pastor le pidió que coordinara con su asistente, quien a su vez envió a un narco preso y a un funcionario de la organización de Facundo para negociar y recoger parte del dinero.
El levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones determinó que el dinero de las coimas fue transferido desde el puerto eslovaco de Komarno, a orillas del río Danubio, hasta la cuenta bancaria en Lima de una amiga de Gálvez, preso por estafa, quien luego coordinó la entrega del resto de dinero con varias personas a través de llamadas y mensajes de texto.
Pastor, que está siendo investigado por el Fiscal General, niega la acusación y dice que no conoce a Gálvez.
Facundo también insiste en su inocencia, incluyendo la acusación de que él personalmente recibió 30.000 dólares a cambio de asegurar la reducción de sentencia del narcotraficante colombiano Ramiro Castro Mendoza en 2009. Castro fue arrestado otra vez en 2012 por traficar droga a Europa.
En otro caso, ocho africanos condenados en promedio a 15 años de prisión fueron liberados entre 2008 y 2009 tras cumplir 12 años en cárcel. Fueron arrestados con un total de 140 kilos de cocaína. Uno de ellos, el nigeriano Jhon Nnemeka, había intentado escapar de la cárcel en 1999 por un túnel cuya construcción financió con otros traficantes.
Hace poco, García comparó las reducciones de sentencias con los anunciados planes del presidente Estados Unidos, Barack Obama, para reducir o cancelar sentencias mínimas obligatorias para unos 5.500 delincuentes no violentos.
Sus críticos creen que esas comparaciones son engañosas.
Arturo Maldonado, un politólogo de la Universidad de Vanderbilt, dijo que no hay comparación entre los aparentemente arbitrarios “indultos al peso” de García y las disminuciones de penas de Obama, que se lograron luego de que los jueces revisaran los casos de manera independiente para decidir si cada liberación ponía en riesgo la seguridad pública.
“En el caso de los Estados Unidos la decisión no es arbitraria, sino es parte del sistema de justicia. En el caso de García, se hizo de manera discrecional”, dijo Maldonado.
Los peruanos han sido testigos del cambio de actitud de García hacia Facundo tras ser arrestado en junio de 2013. En una reciente entrevista con el diario peruano Correo, el candidato presidencial afirmó que si algún funcionario de su gobierno “cometió algún delito que le caiga todo el peso de la ley”.
Antes de caer preso, Facundo, según García, era un “personaje probo”.
Incluso el 3 de abril de 2013 en la comisión investigadora del parlamento el ahora candidato elogió el trabajo del abogado: “lo volvería a nombrar, porque este hombre sí actuó bien”.
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El jefe del buró de los Andes, Frank Bajak, colaboró con este reporte.
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