Mauricio Sánchez Garza, un empresario mexicano que colaboró con el Cartel de Sinaloa en operaciones de lavado de dinero, fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión en una Corte Federal de San Antonio, Texas.
La Oficina del Procurador Federal para el Suroeste de Texas informó que Sánchez Garza, de 46 años de edad, fue sentenciado la víspera por el juez federal Xavier Rodríguez, a un total de 63 meses en prisión, seguido de tres años de libertad condicional.
Sánchez Garza, originario de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco, se había declarado culpable en octubre pasado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
El empresario huyó de Estados Unidos en 2010 para evitar su enjuiciamiento, pero fue detenido en México en enero de 2016 y extraditado a San Antonio en julio de ese año.
El juez autorizó que el tiempo acumulado desde su detención en México, contara para su sentencia.
De acuerdo con las autoridades estadunidenses, Sánchez Garza y su hermano mayor Alejandro, además de Jorge Vázquez conspiraron para lavar dinero de los carteles mexicanos de la droga de 2005 a julio de 2011.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó a él y a su familia de involucrarse con el Cartel de Sinaloa encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los investigadores afirmaron que la familia utilizó sus intereses comerciales en Guadalajara para lavar dinero para uno de los principales capos de Guzmán, así como para Rafael Caro Quintero, uno de los padrinos de los cárteles de la droga en México.
Según las autoridades, en una ocasión Sánchez Garza se asoció con el narcotraficante Jorge Vázquez Sánchez, para realizar el secuestro del hermano de uno de los socios comerciales de Mauricio a fin de obligar al socio a firmar los derechos del guión de la película, “María, Madre de Cristo”.
Ambos obtuvieron de esta forma el guión de la película, que sería una secuela de “La Pasión de Cristo”, y lo vendieron luego por un millón de dólares. La película aún no se ha realizado.
Su hermano Alejandro Sánchez-Garza fue sentenciado en una corte federal de San Antonio a 30 meses de prisión en agosto de 2014, seguido de tres años de libertad vigilada tras declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
También Jorge Sánchez fue condenado a 48 meses en prisión federal seguido de tres años de libertad supervisada tras declararse culpable de un cargo de extorsión.
El caso fue investigado por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Oficina del Procurador General de Texas.