Los humildes habitantes de la barriada de la Isabelica, al sur de la centro costera ciudad de Valencia, pagaron un precio alto durante una de las protestas realizadas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El 12 de marzo, una decena de hombres encapuchados a bordo de motocicletas dispararon contra una multitud que estaba parapetada en una barricada, quienes previamente les habían lanzado piedras, palos y otros objetos, dijeron testigos a The Associated Press.
“Dos cargaban revólver y uno cargaba un arma automática”, dijo Lisandro Barazarte, fotógrafo del diario regional Notitarde de Valencia, quien captó varias imágenes de los hombres cuando disparaban, escondido detrás de un vehículo. “Habían más pero no desenfundaban (las armas). Ellos cargaban las manos metidas en las mochilas, en los bolsos… Y unos las tenían (las armas) en la cintura pero las tapaban con la franela (camiseta)”.
Cuando la balacera terminó dos habitantes del barrio terminaron muertos: Jesús Enrique Acosta, estudiante de 22 años, y Guillermo Sánchez, de 42 años, mánager de un equipo infantil de béisbol. Desde entonces, la vida de los vecinos cambió: ahora viven nerviosos y atemorizados. Con sólo escuchar una motocicleta voltean asustados y se esconden dentro de sus pequeñas viviendas de ladrillo por temor a que les hagan una visita.
El presidente Nicolás Maduro no ha condenado públicamente la violencia ejercida por estas milicias armadas, pro-gubernamentales, conocidos vagamente con el nombre de “colectivos “, o para alentar a las autoridades para que los investiguen y lleven ante los tribunales de justicia.
A estos grupos también se les responsabiliza de múltiples palizas y actos de intimidación, como el padecido por un centenar de estudiantes y profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la estatal Universidad Central de Venezuela, en Caracas, quienes la tarde del 19 de marzo fueron secuestrados y atacados a golpes por casi una hora por unos 40 hombres y mujeres encapuchados, que se identificaron como defensores del gobierno.
Las denuncias por ataques y actos de intimidación de los colectivos datan de hace años pero su accionar se ha hecho más evidente desde que las protestas estudiantiles iniciaron el pasado 12 de febrero, pues han sido responsabilizados de algunos de los heridos y muertos.
El destacado líder estudiantil Daniel Tinoco murió el pasado 10 de marzo tras recibir un disparo en el pecho en la ciudad de San Cristóbal, al occidente del país, donde iniciaron los disturbios tras la indignación que provocó la presunta indiferencia policial ante el intento de violación del que fue víctima una estudiante.
Algunas de las muertes y las lesiones han ocurrido durante los forcejeos que protagonizan manifestantes y motorizados que luchan por mantener o tumbar una barricada, como sucedió al día siguiente a la muerte de Tinoco cuando dos estudiantes en la ciudad occidental de Barquisimeto resultaron heridos por encapuchados a bordo de motocicletas que entraron a la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y prendieron fuego a varios vehículos.
Imágenes y vídeos de los presuntos abusos de los colectivos, sobre todo de tiroteos a personas, han sido ampliamente difundidos en las redes sociales en un país donde, según grupos internacionales de defensa de libertad de prensa, el periodismo independiente ha sido objeto de permanente ataque por parte del gobierno. En muchas de las imágenes se ven a hombres armados que, amenazantes, remueven las barricadas instaladas por los manifestantes mientras que la policía y la Guardia Nacional aparecen como convidados de piedra.
Las acciones contra las barricadas coincidieron con una declaración de Maduro del cinco de marzo que pidió a sus seguidores actuar contra los bloqueos de vías al decir que “candelita que se prenda, candelita que se apaga”. Generalmente, los manifestantes prenden fuego a las barricadas.
Poco después de esta declaración, el mandatario negó haber llamado a acciones violentas y señaló a la oposición de promover la violencia en el país y de ser responsable de las muertes ocurridas durante las protestas.
Un testigo del ataque en el barrio La Isabelica, cuya identidad mantenemos en reserva por temor a represalias, dijo que la muerte de Sánchez, el mánager del equipo de béisbol, ocurrió cuando salió a la calle a buscar una brocha para pintar y resultó herido en medio de la balacera disparada contra una barricada vecina.
Sánchez, dice el testigo, se escondió en una calle pero poco después fue localizado por los motorizados que se lo llevaron a rastras, herido, mientras lo golpeaban.
“Lo iban a quemar (asesinar) ahí abajo de la matita. La gente (los motorizados) decía:….. quémalo, quémalo para que no nos reconozca”, dijo el testigo que presenció la escena escondido en su vivienda. “La policía nunca llegó. No había Guardia (Nacional), no había policía. Esto era el (viejo) oeste”.
Sánchez recibió el impacto de bala en su abdomen y murió poco después en un centro de salud de Valencia, según su padre.
El estudiante Acosta también murió tras recibir un balazo en la cabeza cuando se encontraba con un amigo dentro de una vivienda, dijo otro testigo que se abstuvo de dar su nombre por temor a ser atacado por grupos armados.
“Sabían disparar muy bien”, dijo el fotógrafo Barazarte al describir cómo los encapuchados apoyaban sus armas sobre las palmas de sus manos mientras disparaban contra los manifestantes.
El gerente para las Américas de la organización Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, dijo que este tipo de violencia es común en el país. “Éste es sólo un ejemplo de una práctica que hemos visto que ocurre en varios estados, de fuerzas de seguridad que no sólo toleran a estos grupos de civiles armados que atacan a manifestantes pacíficos, sino que colaboran con éstas bandas cuando les propinan palizas, los detienen arbitrariamente y cometen otros abusos”, dijo.
Estos colectivos no nacieron de la noche a la mañana. Durante los 14 años del gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013), estas milicias crecieron enormemente y tuvieron como epicentro la barriada popular del 23 de Enero, al occidente de Caracas.
La mayoría se formó luego del fallido golpe de estado en contra de Chávez en 2002 y su misión ha sido la de ser “guardianes de la revolución”. Colectivos como los Tupamaros, que surgieron entre las décadas de los 70 y 80, luego se constituyeron como partido político y hoy tienen 10.000 miembros a nivel nacional.
Alejandro Velasco, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York, dijo que cuando Chávez volvió al gobierno tras el golpe, algunos colectivos vieron la oportunidad de legitimarse pues se imaginan a sí mismos como “los más revolucionarios de la revolución”.
Dice que entre sus miembros hay quienes a menudo trabajan en la seguridad de ministerios o de políticos.
Estas milicias, además, montan puestos de vigilancia en las vías para decidir quién ingresa a los barrios que controlan, resuelven disputas familiares y de vecinos, prestan seguridad a pequeños comerciantes y organizan campamentos de verano para jóvenes.
Hoy, tienen presencia en al menos 110 parroquias de las 1.136 que hay en el país, dijo el abogado criminalista Fermín Mármol García. Basado en un estudio hecho por del bloque opositor, Mármol García dice que los integrantes de los colectivos “fueron en algún momento policías municipales, policías estadales… (y que) pudieron en algún momento prestar servicio militar obligatorio”.
“Definitivamente los colectivos armados y violentos se comportan en funciones parapoliciales y paramilitares”, agregó.
“Hasta ahora no han podido presentar pruebas porque no las tienen”, dijo Jose Pinto, secretario general de Los Tupamaros, al rechazar los señalamientos que se han hecho contra miembros de esa organización izquierdista y pro oficialista, acusada de participar en las acciones de los grupos de motorizados armados. “Nuestra única arma es la conciencia”.
Líderes opositores se han venido quejando de los colectivos por años y el propio Maduro, en agosto de 2013, visitó la barriada del 23 de Enero y encabezó un acto donde fueron inutilizadas 100 armas de fuego que voluntariamente entregaron 90 colectivos, según reportó el diario estatal Correo del Orinoco.
En febrero, una semana después de que iniciaran las protestas, Maduro habló en defensa de los motorizados durante un acto público y dijo que no aceptaba “la campaña de demonización de los colectivos venezolanos”, insistiendo en que ellos se “han organizado para proteger a su comunidad”.
Pero eso no fue lo que sucedió en el ataque que padecieron unos 40 estudiantes de la Universidad Central. Fueron arrinconados y llevados por motorizados encapuchados a un sótano de la Facultad de Arquitectura, donde les robaron sus pertenencias y los hicieron desnudarse, incluyendo a las mujeres. Los golpearon con palos, tubos y otros objetos contundentes, los hicieron caminar en medio de una hilera de personas, algunos de ellos con uniformes de bomberos, mientras no cesaban de patearlos hasta sacarlos de la instalación que quedó inundada de gases lacrimógenos que lanzaron los atacantes.
“Me pusieron la pistola en la cara y me dicen que me van a matar, que me mueva”, dijo Jhonny Medrano, estudiante del tercer trimestre de arquitectura de 21 años cuando fue llevado al sótano. “Nosotros somos los que defendemos el gobierno, nosotros somos Chávez, nosotros somos Maduro”.
“Esto no puede seguir pasando, esto no puede seguir pasando”, repite de manera incesante Hernán Zamora, profesor de diseño arquitectónico de 49 años, mientras llora desconsolado al recordar los momentos de terror que vivió esta tarde. “Esto no puede seguir pasando”.