Miguel Rodríguez envía al Ejército a Táchira ante protestas en Venezuela, hoy 20 de febrero de 2014

“Esas unidades van a permitir que la logística de la ciudad funcione, que lleguen alimentos, que la gente pueda circular y normalizar la vida”, dijo Miguel Rodríguez Torres el jueves. “No se trata de una militarización, simplemente se trata de recuperar el orden. Si seguimos así en pocos días no habrá en el Táchira comida ni combustible”.

La ciudad suroccidental de San Cristóbal, capital del estado Táchira, ha sido epicentro de violentas protestas callejeras en las últimas dos semanas, lo que obligó al presidente Nicolás Maduro a anunciar en la víspera la posible declaratoria de un estado de excepción para el estado fronterizo y ordenar la suspensión del porte de armas.

La ciudad amaneció el jueves en tensa calma. El secretario general de la alcaldía de San Cristóbal, Sergio Vergara, dijo a la AP en diálogo telefónico, que persistían algunos brotes de violencia y que desde hace dos días y hasta la madrugada del jueves han llegado refuerzos de la guardia nacional enviados por el gobierno desde localidades cercanas. Aunque no se han producido víctimas fatales, la ciudad está sin transporte público, presenta fallas en el servicio de internet y la noche del miércoles sufrió apagones y cortes en el servicio telefónico, dijo Vergara.

El funcionario calculó que en San Cristóbal se encuentran al menos 3.000 uniformados y que aunque no existe un decreto de militarización o estado de excepción que cobije a esta ciudad de 600.000 habitantes, la presencia de la fuerza pública se nota en todas partes.

Desde hace nueves días se registran en Caracas y otras ciudades del país protestas callejeras contra el gobierno que preside Nicolás Maduro, en la primera crisis política que enfrenta el mandatario, de 51 años, desde que asumió el gobierno en abril de 2013.

Los manifestantes acusan a Maduro y a su predecesor, el expresidente Hugo Chávez, de altos índices de criminalidad que padece la ciudadanía y de otros problemas que agobian a Venezuela como una galopante inflación y la escasez de bienes y servicios de primera necesidad.

Maduro fue elegido en abril de 2013 a raíz del fallecimiento de Chávez. Hasta el momento, las protestas han dejado seis muertos, unos 70 heridos, y más de dos centenares de detenidos. La capital amaneció el jueves en calma con algunos establecimientos comerciales cerrados al este de la ciudad y con desechos de materiales quemados arrumados en las orillas de las calles.

Los accesos al municipio capitalino de El Hatillo, en el sureste de Caracas, fueron bloqueados el jueves por algunos manifestantes que colocaron barricadas con basura, troncos de árboles y alambrados, lo que obligó a centenares de personas, que habitan y laboran en la zona, a caminar varios kilómetros para ingresar o salir del lugar.

El gobernador del estado central de Miranda y líder opositor, Henrique Capriles, dijo en alocución televisada el jueves que “la situación en el Táchira no se resuelve con tanques de guerra”, al cuestionar la decisión que tomó el gobierno de reforzar la presencia militar en el estado fronterizo.

Capriles opinó que es un “grave error” tanto la decisión de trasladar tropas al Táchira y que provocara que la situación de tensión en el país se escale. “A punta de plomo (Maduro quiere) callar la voz de la gente”, dijo Capriles mientras lo instó directamente a desarmar a supuestos “grupos paramilitares armados” que estarían saliendo a la calle a atacar a manifestantes, según han denunciado opositores y organizaciones de derechos humanos. “La situación en el Táchira no se resuelve con tanques de guerra”.

Otro líder opositor, Leopoldo López, de 42 años, sigue aguardando en una cárcel una decisión sobre su detención luego de ser acusado de promover manifestaciones violentas.

Su defensa anunció el jueves que apelará la detención, cuyo encarcelamiento ha generado protestas en Caracas y otras ciudades del interior. El dirigente permanece recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, a donde fue llevado el martes 18 de febrero tras entregarse a las autoridades.

Uno de sus abogados, Juan Carlos Gutiérrez, cuestionó la decisión que tomó la jueza del caso de realizar el miércoles en la noche la primera audiencia en el caso de López dentro de Ramo Verde y confirmó a la emisora local, Unión Radio, que el viernes presentarán la apelación.

Gutiérrez dijo que las autoridades judiciales “eliminaron los cargos de terrorismo y homicidio” contra López, y solo le dejaron las imputaciones por lesiones graves, incendio de edificio público, daños a la propiedad pública, intimidación pública, instigación a delinquir y delitos de asociación.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, también hubo protestas callejeras en varios lugares de Caracas, que luego fueron dispersadas por cuerpos de seguridad con bombas lacrimógenas, balas de goma y chorros de agua lanzados desde camiones cisternas.

El opositor Capriles acusó a las autoridades de estar “reprimiendo salvajemente” las protestas, y dijo el jueves que esas acciones no calmarán el malestar general que hay entre los venezolanos por la inflación, el desabastecimiento y la creciente delincuencia.

De igual forma, Capriles hizo un llamado a las fuerzas armadas a cumplir la Constitución y a no incurrir en excesos y violaciones de derechos humanos al reprimir las protestas. “¿Cómo se siente el militar patriota al ver alguno de sus compañeros cometiendo violaciones a los derechos humanos? ¿Es que acaso que ustedes están de acuerdo con las cosas que están pasando?”, inquirió Capriles.