Migrantes hondureños que perdieron sus piernas o brazos al caer de los trenes en los que viajaban ilegalmente a Estados Unidos pidieron el miércoles al gobierno de México que implemente políticas para protegerlos de las bandas criminales y destine fondos públicos para sus albergues.
Una docena de los viajeros, algunos con prótesis, arribaron a la Ciudad de México esta semana y sostuvieron una reunión con algunos senadores y funcionarios. Dijeron que esperaban conseguir una forma de que México formalice el paso libre por medio de visas ??de tránsito para que ellos puedan llegar con más seguridad a la frontera de México con Estados Unidos.
Los migrantes dicen que debido a sus viajes clandestinos se convierten en presas de delincuentes que con frecuencia los golpean, apuñalan y empujan de los trenes de carga en movimiento donde viajan montados en los vagones rumbo a Estados Unidos.
El líder de la Asociación Migrantes Retornados Discapacitados, José Luis Hernández, dijo que los miembros del grupo esperan reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto para discutir sus casos.
“Ya ni siquiera es noticia que murieron dos en ‘La Bestia’, o que se cayó alguien y el tren le mutiló las piernas”, dijo Hernández refiriéndose al nombre por el que se le conoce al tren de carga en el que viajan a Estados Unidos. “Ha tocado fondo”, agregó.
Solamente en Honduras hay 452 migrantes que sufrieron mutilaciones en ataques o al caer de los trenes en México. El país tiene el número más alto de víctimas que cualquier otra nación de América Central. A veces los delincuentes abordan los trenes para secuestrar a migrantes y exigir pagos de rescate a sus familiares que ya viven en Estados Unidos. Los migrantes tienen miedo de denunciar estos delitos por temor a ser deportados o porque temen que algunos policías estén coludidos con la delincuencia organizada.
Hernández sostuvo que creen que los empleados de los ferrocarriles ayudan a los criminales a subir a los trenes para agredir a los migrantes.
“Hay un complot desde los maquinistas, los ‘toleteros’, y todo es dinero, extorsión de los migrantes”, dijo Hernández. Toletero es el nombre por el que se conoce a un empleado de seguridad ferroviaria.
No es la primera vez que acusan a las empresas de formar nexos con criminales.
Las autoridades del estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, denunciaron la semana pasada que empresas ferroviarias o empleados de Kansas City Southern México, la filial en el país de la empresa de Estados Unidos, y Ferrosur, una compañía mexicana, han sido cómplices de delitos cometidos contra los migrantes que viajan en sus trenes.
Las dos compañías señalaron que los migrantes habían subido a sus trenes de manera ilegal, pero agregaron que estaban cooperando con la investigación.
“Los lineamientos de KCSM indican que el personal de seguridad debe respetar la integridad física de las personas que viajan de manera ilegal a bordo de los ferrocarriles”, dijo la compañía en un comunicado. Ferrosur informó que ha cooperado con el Instituto Nacional de Migración.
Hernández dijo que el gobierno de México tiene que dejar de perseguir a migrantes que lo único que buscan es cruzar hacia Estados Unidos.
En 2008, el gobierno eliminó sanciones criminales que antes imponía a los que se encontraban en el país sin permiso. La migración sin documentos es ahora un delito menor que sólo se castiga con multas cuando antes se condenaba a entre 1 año y medio y 10 años de prisión. Aun así, la mayoría de los migrantes detenidos siguen siendo deportados.
El grupo de Hernández busca en su visita que México ofrezca visas de tránsito y la presencia de policías federales a bordo de los trenes para garantizar el paso seguro a través del país.
La asociación también hizo un llamado para que el gobierno dirija fondos a los refugios de apoyo a los migrantes que actualmente reciben dinero de organizaciones privadas o de la Iglesia católica. Los albergues funcionan con muy poco dinero, y en algunas partes de México, han sido cerrados o forzados a reubicarse por las quejas de vecinos.
Hernández perdió un brazo, una pierna y parte de la otra mano en 2005 cuando, después de 20 días de viajar en un tren sin comida, se desmayó y cayó sobre las vías en el estado norteño de Chihuahua.
La senadora Mariana Gómez del Campo dijo que apoyaba un proyecto de ley que conduciría fondos públicos a los refugios de migrantes. Otra de las senadoras que se reunieron con los migrantes, Gabriela Cuevas, dijo que era hora de que México comenzara a proteger a los migrantes de la misma manera que el país exige que Estados Unidos proteja a los mexicanos.
“No somos modelo de lo que reclamamos en los Estados Unidos”, dijo Cuevas. “Ojalá que México pueda ser ejemplo de lo que se exige”, añadió.