Las reformas educacional, tributaria y constitucional son la base del programa de gobierno que asumió en marzo. “Hoy estamos dando el primer paso de la reforma educacional más significativa que ha tenido el país en los últimos 50 años”, dijo la mandataria al firmar los proyectos.
De aprobarse la reforma educativa, los colegios prebásicos y secundarios subvencionados por el Estado no podrán tomar exámenes de ingreso, retirar ganancias ni cobrar cuotas a los padres. “El objetivo es iniciar un proceso de transformación profunda en nuestro sistema educativo que permita asegurar calidad, gratuidad, integración y fin al lucro en educación“, enfatizó Michelle Bachelet.
Los universitarios, según su vocera Melissa Sepúlveda, criticaron los proyectos porque “es una reforma sin contenido que pretende regular el mercado educacional sin transformar a la educación en un derecho”.
En tanto, la oposición de centroderecha rechazó los proyectos porque considera que terminan con el actual modelo de libremercado. El senador Andrés Allamand dijo que “para mejorar la educación pública no es necesario, de modo alguno, terminar con la educación particular subvencionada”. El oficialismo necesitará un voto adicional a los 68 diputados y 21 senadores que tiene en el Congreso.
Las demandas de cambios en la enseñanza fueron impulsadas en 2011 por millones de jóvenes que exigían una educación gratuita y de calidad. Otras presiones iniciadas por los secundarios en 2006 fueron acalladas por la propia Bachelet, en su primer mandato (2006-2010) los desmovilizó incluyendo a sus dirigentes en una comisión de estudio.
El gobierno busca financiar los cambios en la enseñanza con una reforma tributaria que pretende recaudar 8.200 millones de dólares al año, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.