El anuncio, hecho el fin de semana en Washington por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha comenzado a generar preguntas sobre cómo las autoridades determinarán quién entra o no en la lista y si eso podría traducirse en posibles violaciones a los derechos de las personas.
Videgaray dijo el sábado en Washington que el gobierno también considera asumir como propios los nombres que con regularidad coloca en su propia lista la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro estadounidense.
“Por primera vez tenemos la capacidad de emitir una lista y que esta lista le impida a cualquier institución de carácter financiero hacer transacciones con estas personas o con estos individuos”, dijo el funcionario en la capital estadounidense al finalizar su participación en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
La OFAC divulga desde hace años una lista en la que designa a personas y empresas ligadas a organizaciones criminales de varios países, incluido México.
La designación implica que los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones financieras o comerciales con ellos, además de que congela cualquier bien que posean dentro de Estados Unidos.
Sin embargo, la aparición de la lista de la OFAC no se ha traducido en detenciones o investigaciones internas en México, donde funcionarios han dicho en el pasado que las autoridades estadounidenses no acompañan la divulgación de nombres con información o pruebas que les permitan aquí iniciar algún proceso penal.
Gerardo Palomar Méndez, abogado y profesor del privado Tecnológico de Monterrey, dijo el lunes a The Associated Press que el anuncio del secretario deriva de una ley antilavado de dinero que entró en vigor a fines de 2013 y que da facultades a la autoridad de hacienda a establecer mecanismos para prevenir el uso del sistema financiero para blanquear capitales.
“Creo que debemos ser, como Estado mexicano, muy cuidadosos en las formas de inscripción o de descripción en esa lista negra, porque si no daría pie a 20.000 quejas de derechos humanos”, dijo Palomar, para quien aún “no está claro” cómo será designado alguien.
Consideró, por ejemplo, que deberían ser incluidas solamente personas o empresas que hayan sido sentenciadas por alguna actividad de crimen organizado.