MEXICO (AP) — Un juez mexicano resolvió que no había evidencias suficientes para enjuiciar a cuatro de los siete soldados acusados por la muerte de 22 presuntos delincuentes en 2014, algunos de los cuales fueron asesinados después de que se rindieron.
Con el fallo, el juez ordenó la liberación de los militares que enfrentaban cargos de “ejercicio indebido del servicio público” que les fueron imputados por las autoridades por supuestamente no reportar los asesinatos o intentar encubrirlos, informó el abogado Juan Velázquez, quien asesoró a los defensores de los soldados. Una autoridad judicial, no autorizada a ser identificada por políticas internas, confirmó la decisión.
El juez determinó que en el caso de los tres militares restantes sí había evidencias para continuar un proceso por homicidio.
Si bien los cuatro soldados nunca fueron acusados de asesinato, no podrán dejar la prisión castrense en la que se encuentran desde al año pasado debido a que todos los militares enfrentan además cargos en el fuero militar.
La Procuraduría General de la República puede apelar el fallo, pero la dependencia no había respondido a una solicitud de información sobre si lo hará o no.
Velázquez indicó que los cuatro podrían pedir una fianza por las acusaciones del fuero militar.
El 30 de junio de 2014, el ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, una municipalidad del Estado de México. A raíz de una investigación de The Associated Press comenzaron a surgir contradicciones sobre esa versión y posteriores indagatorias oficiales también concluyeron que hubo ejecuciones extrajudiciales.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en un reporte de 2014 que hasta 15 de los 22 presuntos delincuentes habrían sido ejecutados extrajudicialmente, lo que contradijo también la versión militar.
Varias de las víctimas tenían heridas defensivas que sugerían que les dispararon cuando estaban desarmadas, además de que testigos dijeron después a la AP que algunas fueron ejecutadas pese a que se rindieron.
Los testigos comentaron que habían sido amenazados y torturados en un intento por obligarlos a cambiar su versión de los hechos.
Apenas en julio, las autoridades federales acusaron a siete policías estatales de torturar a las tres personas sobrevivientes del caso, incluidas las dos que habían hablado con la AP.