CARACAS, Venezuela (AP) — El presidente Nicolás Maduro presentó este domingo su mensaje anual de gestión al Tribunal Supremo de Justicia, en un hecho sin precedentes en la historia reciente del país suramericano que intensifica el enfrentamiento con la Asamblea Nacional que con esta acción queda sin otra de sus atribuciones constitucionales.
Maduro lamentó no haber entregado su informe anual de gestión al Congreso y dijo que el país enfrenta una “circunstancia excepcional” ante una Asamblea Nacional, dominada por la oposición, a la que señaló de estar legislando “fuera de la constitución” y en “desacato” de las sentencias de la Corte.
“Habrá justicia frente a tanto desacato, frente a tanta conspiración”, dijo el mandatario en su discurso, que se difundió en cadena de radio televisión.
Acusó a la mayoría opositora de promover una acción golpista al aprobar la semana pasada una declaración de abandono del cargo de Maduro por el supuesto incumplimiento de sus funciones constitucionales, acción que anuló días después el Tribunal Supremo.
Luego de ser por más de medio siglo la instancia encargada de recibir el informe anual de gestión del mandatario, tal como lo establece la constitución, el Congreso venezolano perdió otra de sus atribuciones por decisión de la Corte, que es señalada de estar controlada por el gobierno y que autorizó la semana pasada a Maduro a presentar su discurso ante los magistrados.
Analistas y opositores manifestaron inquietud por la reciente decisión del máximo tribunal del país contra la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y afirmaron que la sentencia, que también declaró nula la nueva directiva del Congreso, buscaría “disolver de facto” el Legislativo.
La presidenta del Tribunal Supremo, magistrada Gladys Gutiérrez, afirmó el domingo que eran “inconstitucionales” y “absolutamente nulos” los actos de la Asamblea Nacional mientras incumpla una la orden de desincorporar a tres diputados opositores por supuestas irregularidades en su elección.
Los tres congresistas, del estado sureño de Amazonas, renunciaron a finales del año pasado a sus cargos, atendiendo uno de los acuerdos de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición que pidió respetar las órdenes del máximo tribunal.
Al reiterar su disposición de mantenerse en el proceso de conversaciones, Maduro anunció que la próxima semana vendrán al país los facilitadores de la mesa del diálogo, que está paralizado desde el mes pasado luego que la oposición se negó a continuar en el proceso alegando que el gobierno incumplió los acuerdos al no liberar a los “presos políticos”, al negarse a ofrecer un cronograma electoral, y al no respetar los poderes públicos.
El académico y abogado José Vicente Haro afirmó que la decisión de Maduro de presentar su informe anual al Tribunal Supremo hace “más compleja” la situación política y constitucional del país, y recordó que “sólo en dictaduras” los gobernantes se abstuvieron de ir al Congreso a informar sobre su gestión.
Haro indicó que eran preocupantes tanto las recientes decisiones del Tribunal Supremo como la detención del diputado suplente Gilber Caro por supuestamente tener en su poder un arma de guerra y explosivos. La oposición asegura que al congresista le violaron su inmunidad parlamentaria.
El abogado dijo a The Associated Press que estas acciones están orientadas a “desconocer absolutamente” la Asamblea Nacional y avanzar hacia “disolver de facto” el Poder Legislativo.
Maduro acusa a la mayoría opositora del Congreso de promover un golpe de estado al aprobar la declaratoria de abandono de cargo, y afirmó que la Asamblea Nacional va rumbo a su “autodisolución” y la convocatoria de nuevas elecciones.
Desde que la mayoría opositora asumió a comienzos del 2016 el control del Congreso, que por 17 años estuvo en manos del oficialismo, se desató una pugna entre los poderes públicos que ha subido de intensidad en los últimos meses a pesar de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición que se instaló en octubre pasado bajo el apoyo del Vaticano y un grupo de ex presidentes extranjeros.
El enfrentamiento entre los poderes públicos ocurre en el contexto de una compleja crisis económica dominada por una desbordada inflación de tres dígitos, una severa recesión y graves problemas de desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.
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