El Gobierno de Nicolás Maduro aprobó una resolución junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para autorizar al ejército de Venezuela a utilizar armas de fuego para controlar manifestaciones públicas.
El texto asegura que el uso proporcional de la fuerza se desarrollará en un “manual de normas y procedimientos operativos” que estará listo en tres meses y que servirá como base para los entrenamientos y la instrucción.
La medida ha sido calificada de inconstitucional y precipitada por Rocío Sanmiguel, presidenta de la organización Control Ciudadano y quien escribió en su cuenta personal de Twitter que: “Los aspectos positivos que incluye (la resolución) quedan opacados frente al uso mortal de la fuerza”.
El rechazo ante la medida no se ha hecho esperar, y algunos aseguran que violan dos artículos de la Constitución venezolana, concretamente el artículo 68 que dice: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxica en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Organizaciones de los derechos humanos señalaron que la resolución contradice lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado venezolano por el caracazo de 1989, cuando el Ejecutivo psuo en marcha el Plan Ávila, sacando al Ejército a las calles para restaurar el orden.
Las protestas contra el gobierno de Maduro que han ocurrido a lo largo de un año, han dejado un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.
Stalin González, diputado de la oposición, indicó que “lo que muestra el Gobierno es miedo a que ocurra algo en la calle”.
La resolución aplica a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Ejército, Aviación, Armada, Guardia Nacional y Milicias Bolivarianas.