Por Cecilia González. Corresponsal
Buenos Aires, 30 Nov (Notimex).- Mauricio Macri será el primer presidente de la historia argentina que asumirá el gobierno bajo proceso, pues enfrenta una causa judicial que investiga el espionaje ilegal a políticos, líderes sociales, empresarios e incluso a familiares.
A sabiendas de que su procesamiento ensombrece el inicio de la gestión que inicia el próximo 10 de diciembre, el presidente electo solicitó este lunes su sobreseimiento, es decir, desvinculación, del caso que encabeza el fiscal Sebastián Casanello.
La incógnita es cómo actuará el magistrado ahora que el jefe de gobierno de Buenos Aires está a punto de convertirse en el hombre más poderoso del país.
El caso comenzó en 2009, cuando Sergio Burstein, un líder de la comunidad judía, denunció que estaba siendo espiado telefónicamente por la Policía Metropolitana de Buenos Aires.
La justicia comprobó el espionaje, pero el escándalo aumentó cuando se descubrió que también habían sido espiados empresarios, diputados de oposición y, lo más sorprendente, el cuñado del jefe de gobierno, Daniel Leonardo, un hombre casado con Sandra Macri.
A lo largo de la investigación se comprobó que el espía encargado de las operaciones era Ciro James, quien figuraba como empleado del Ministerio de Educación del gobierno de Buenos Aires.
La verdad era que James trabajaba a las órdenes de Jorge “Fino” Palacios, entonces jefe de la Policía Metropolitana que recién había creado Macri, quien tuvo que enfrentar una grave crisis política.
Palacios dejó el cargo acosado por las denuncias de espionaje y por haber entorpecido la investigación del peor ataque terrorista de la historia argentina, ocurrido en un centro comunitario judío en julio de 1994 y que mató a 85 personas.
Macri defendió siempre a Palacios, pero finalmente el excomisario se convirtió en uno de los principales acusados en el juicio por encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
En su lugar, el jefe de gobierno designó a Osvaldo Chamorro, quien duró poco en el cargo porque también quedó involucrado en la red de espionaje.
Luego de negar durante meses las acusaciones en contra de sus funcionarios, Macri tuvo que ceder ante las evidencias, aunque sólo se limitó a reconocer que había cometido “un error” al seleccionarlos.
También, al igual que lo hace la mayoría de los políticos argentinos que terminan envueltos en problemas judiciales, Macri aseguró durante estos seis años que era un “caso armado” por el gobierno kirchnerista para afectar sus aspiraciones políticas.
En 2010, el juez Norberto Oyarbide procesó a Macri, a Palacios y al exministro de Educación, Mariano Narodowsky, y les imputó el delito de “partícipes necesarios de una asociación ilícita” que funcionó para realizar escuchas ilegales.
Cada nuevo dato involucraba más a Macri, ya que se descubrió que el espionaje había sido ordenado por dos jueces de Misiones, una provincia del norte argentino en donde el jefe de gobierno tiene fuertes relaciones con el poder desde que era sólo un empresario millonario.
El jefe de gobierno quedó acusado formalmente de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, aunque el año pasado el juez Casanello sorprendió al enviar a juicio oral a James, Nadorowsky y Palacios, pero no a Macri.
Sin embargo, advirtió que Macri debería seguir procesado para evaluar más pruebas antes de definir su situación procesal, investigación que todavía no ha concluido.