BUENOS AIRES (AP) — Un juez levantó la suspensión de las actividades con cianuro en la mina de la canadiense Barrick Gold en la provincia argentina de San Juan, lo que generó el malestar de las organizaciones ambientalistas.
Una fuente de la empresa, que no se identificó por no estar autorizada para hablar con la prensa, dijo el viernes a The Associated Press que la firma “está notificada oficialmente de la medida judicial y evalúa cuándo se inaugurarán de nuevo las actividades”. La decisión fue tomada la víspera por el juez Pablo Oritja, de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan, a 1.265 kilómetros al oeste de Buenos Aires.
El magistrado había dispuesto el martes la extensión de una suspensión ordenada previamente de las operaciones relacionadas con la adición de cianuro al proceso de lixiviación -extracción de materia soluble mediante un disolvente-, luego de que el 13 de septiembre se derramara el tóxico en uno de los recursos de agua adyacentes a la mina.
Varias organizaciones ecologistas manifestaron su preocupación por la resolución del magistrado y señalaron que la estrategia de Barrick y del gobierno de San Juan es instalar la teoría de que el incidente fue menor.
Gonzalo Strano, de la Campaña de Glaciares de Greenpeace en Argentina, dijo a AP que tanto la empresa como las autoridades “han mentido” respecto del incidente en la mina.
“Necesitamos ver los resultados que no fueron públicos, y no sólo los de ahora sino las mediciones de Barrick del 12, 13 y 14 de septiembre. Queremos la historia clínica de lo que pasó para evaluar la gravedad”, sostuvo.
Según el ambientalista, el vecino de la localidad de Jáchal responsable del pedido de una medida cautelar puede apelar la última resolución de Oritja.
Aparentemente, el juez levantó la suspensión porque entendió que unos desperfectos en una válvula que peritos habían detectado la semana pasada fueron reparados, indicó Strano.
Versiones periodísticas señalan que el juez supeditó su medida a ciertas condiciones a las que debería plegarse la empresa.
Las pericias determinaron que 1.072 metros cúbicos de líquido cianurado se volcaron sobre el canal norte de la mina. El derrame causó pánico entre los habitantes de un poblado cercano.
“Esta cantidad no ha generado un impacto para la salud de las personas”, dijo Barrick en un comunicado.
Oritja había puntualizado al suspender parcialmente las operaciones que el derrame no había causado contaminación. “La concentración de cianuro que tiene el líquido que circula no es alto, es bajo en contenido de cianuro” señaló Oritja. Pero acotó que se estaba tratando de determinar por qué se abrió “una compuerta que como condición de seguridad debería estar cerrada”.
El magistrado citó a declarar a dos gerentes de la empresa, ambos a cargo al momento de producirse el derrame.
Tras el incidente, Barrick envió a un equipo de expertos y técnicos desde Canadá para tomar el control de la gerencia general operativa, las funciones operativas específicas y las de control medioambiental.