Decenas de grupos de activisas han organizado presentaciones y concentraciones para informar a los inmigrantes sobre los programas de alivio migratorio.
La decisión del juez Andrew Hanen, de la corte distrital de Browsville, en Texas, emitió una medida preliminar a favor de 26 estados que demandaron en contra de las acciones ejecutivas de alivio migratorio anunciadas por el presidente Barack Obama en noviembre.
El miércoles 18 de febrero entraba en vigor la ampliación de un programa federal ya existente que protege temporalmente de la deportación a jóvenes que fueron traídos ilegalmente por sus familias a Estados Unidos cuando eran niños y les concede un permiso de trabajo.
El revés que supone la decisión del juez Hanen para muchos inmigrantes es tan sólo un contratiempo temporal, dijeron activistas y abogados.
Grupos como United Farm Workers pidieron a los inmigrantes sin autorización que sigan preparándose para acogerse a los programas.
“Los inmigrantes y sus familias, sus comunidades, no deberían tener miedo. De hecho esa es la intención detrás de esta demanda de tono político. La intención es crear confusión y miedo en nuestras comunidades”, dijo el martes Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. “Estamos seguros de que esta medida temporal será eventualmente revocada y nuestras comunidades deben estar preparadas para acogerse a los programas”.
El Departamento de Justicia ha anunciado que apelará la decisión del magistrado. Activistas como Hincapié aseguran que es probable que una corte federal de apelaciones decida a favor del gobierno en cuestión de tan sólo semanas.
Después de ese plazo, dijeron, y si la corte falla a favor de la administración, entraría en vigor la ampliación del programa para jóvenes inmigrantes.
Si la corte federal de apelaciones del Quinto Circuito decide en contra del gobierno el asunto podría acabar frente al Tribunal Supremo, dijeron los abogados el martes.
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció el martes que debido a la decisión del juez, el gobierno no aceptará solicitudes el miércoles para el nuevo programa de ayuda a jóvenes.
Destacó que la decisión del juez no afecta a quienes se acogieron al plan original de suspensión de deportaciones que Obama aprobó en el 2012. Más de 600.000 jóvenes se han beneficiado de esa iniciativa.
Hanen estipuló el lunes que la demanda de los 26 estados, liderados por Texas, debería seguir adelante porque la ayuda a inmigrantes afectará los presupuestos estatales.
La decisión del magistrado también afecta a otro programa que entraría en vigor en mayo y que suspendería la deportación de padres con más de cinco años en Estados Unidos y con hijos estadounidenses o con residencia permanente.
“Esto es un llamado de atención a nosotros, los inmigrantes para que sigamos luchando por una reforma migratoria. Tenemos ganas de que esto no acabe aquí y vamos a seguir luchando por nuestros sueños”, dijo Marisa Falcón, una inmigrante argentina de 41 años que vive en La Florida y que se beneficiaría de esa última medida.
Algunos legisladores republicanos, como el representante de Virginia y presidente de la comisión judicial de la cámara baja Bob Goodlatte, elogiaron la decisión de Hanen.
“El abuso ejecutivo del presidente Obama sobre inmigración representa un peligro presente y claro a nuestra Constitución y me complace que las acciones del presidente hayan sido detenidas temporalmente para que la demanda de los estados pueda prosperar”, dijo Goodlatte.
La Casa Blanca declaró el martes que las órdenes ejecutivas presentadas en noviembre estaban dentro de la autoridad legal del presidente.