El mandatario designó al ministro del Trabajo, Rafael Pardo, para que asuma la administración de la capital hasta que el movimiento político de Petro, Alianza Verde, presente al jefe de Estado una terna para que escoja al nuevo alcalde.
Desde que el procurador general anunció la sanción de destitución de Petro, “dijimos clara y tajantemente que, tanto el proceder del presidente como el del gobierno, sería el de cumplir con la Constitución y las leyes, y defender las instituciones”, dijo Santos.
Recordó que, al mismo tiempo, pidió “que al alcalde Petro se le respetaran sus derechos y se le permitiera usar todos los recursos legales a su disposición”.
El presidente destacó que el Consejo de Estado “ha señalado que el alcalde Petro aún dispone de otras instancias y mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción colombiana”.
“En este caso es entonces evidente que la justicia colombiana no solamente ha actuado, sino que lo ha hecho de manera transparente, eficaz y oportuna”, puntualizó Santos.
El gobierno “ha defendido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Considera, sin embargo, que el papel de dicho sistema es complementario y alternativo, por lo cual sólo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno”, acotó.
“Por todo lo anterior, y ante la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida ayer hacia las 11 de la noche y a pocas horas del anuncio del Consejo de Estado, el gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares”, aseveró.