“Eso es clarísimo, frente a una decisión ejecutoriada de la Procuraduría el presidente no tiene alternativa distinta a cumplirla. Eso es lo que dice la constitución”, indicó el ministro Alfonso Gómez Méndez en una entrevista con la radio Caracol. Agregó que “el presidente no tiene alternativa distinta a cumplirla, esté o no de acuerdo con la decisión”.
Juan Manuel Santos tiene al menos 10 días para emitir el decreto que avale la destitución del alcalde capitalino, pero sólo si en ese lapso no se produce otra decisión judicial local, como una tutela o demanda, o internacional, como si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide conceder a Gustavo Petro medidas cautelares que el funcionario solicitó en diciembre para suspender su destitución mientras el caso se resuelve en esa corte, lo que demoraría años.
“Si antes de eso (el decreto) se produce un mecanismo jurídico, por ejemplo una tutela que ordene suspender, el presidente tiene que evaluar” qué hará, dijo el ministro. Sobre una decisión de la CIDH “habría que esperar en qué términos sale… si es solicitarle al Procurador que pare el trámite… en ese momento el gobierno evalúa”.
En medio de la espera, Petro, que asumió el cargo el 1 de enero de 2012, sigue al frente de la alcaldía de Bogotá, la principal del país debido por sus ocho millones de habitantes y su determinante influencia política.
El procurador general Alejandro Ordóñez falló el 9 de diciembre destituir a Petro e inhabilitarlo para ejercer cargo públicos por 15 años en un dictamen que fue ratificado la víspera en última instancia de la Procuraduría. Petro, un ex senador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), ha rebatido legalmente el fallo y llamado a concentraciones pacíficas todos los días de esta semana en la céntrica Plaza de Bolívar, frente a la cual se ubica la alcaldía. “Estos son días de historia. La justicia y las multitudes frenarán la tiranía y la arbitrariedad. Con toda por la paz y la democracia”, dijo Petro el martes en un mensaje de su cuenta de Twitter.
La sanción obedeció a que según la Procuraduría Petro violó normas de la libre competencia, entre otras, al decretar un cambio en el sistema de recolección de basura de la ciudad en diciembre de 2012 que dejó a la capital colombiana por tres días en medio de un reguero de desechos. Ordóñez, visto como un funcionario conservador y que ha aplicado sanciones similares a congresistas, alcaldes, gobernadores y ex funcionarios, ha defendido su fallo diciendo que es la ley la que contempla sanciones de 10 a 20 años para esas faltas administrativas calificadas por él de “gravísimas”.
En caso de que finalmente Gustavo Petro salga del despacho, Santos deberá designar un reemplazo y luego nombrar a un alcalde interino hasta que se realicen nuevas elecciones para cumplir el resto del mandato hasta el 31 de diciembre de 2015, explicó en entrevista telefónica con The Associated Press el representante a la Cámara Miguel Gómez, quien impulsó el año pasado un referendo revocatorio del mandato de Petro por considerar caótica su gestión administrativa.
Gómez dijo que la posibilidad de la consulta, que ya había sido aprobada fines de 2012 por las autoridades electorales, quedó sepultada con la ratificación de destituir a Petro por parte de la Procuraduría.