Después de la catástrofe de la central nuclear Fukushima Daiichi en marzo 2011, el entonces primer ministro Yoshihiko Noda planteó la necesidad de eliminar las centrales nucleares en un periodo de 30 años.
Sin embargo, su sucesor, Shinzo Abe, anunció el Plan Básico de Energía que prepara el escenario para reiniciar los 50 reactores nucleares que posee Japón, que era el tercer usuario mundial de energía atómica antes de Fukushima, reportó la agencia japonesa de noticias Kyodo.
“Hemos elaborado una política básica en el mediano y largo plazo para la reconstrucción de una política energética responsable que apoye la vida de las personas y las actividades económicas”, dijo el ministro de Economía, Comercio e Industria, Toshimitsu Motegi.
El gobierno optó por definir la energía nuclear como una “fuente de energía básica importante” para generar electricidad de forma estable y continua y por lo barato que representa en términos de costos de operación. En cuanto a los próximos 20 años, el gobierno “procederá a la reactivación de las centrales nucleares” que han cumplido con los estándares regulatorios más exigentes del mundo, tras la tragedia de Fukushima, señaló.
Todas las plantas nucleares de Japón fueron cerradas después que el terremoto y posterior tsunami de marzo de 2011 se cobraran la vida de más de 19 mil personas y destruyeran la planta nuclear de Fukushima, una de las peores tragedias en los últimos 25 años.
También dejó abierta la posibilidad de permitir la construcción de nuevos reactores, al señalar que en el nuevo plan se va a evaluar la cantidad de la energía nuclear que se requiere para garantizar un suministro estable de electricidad en el país. Japón cuenta con un Plan Básico de Energía desde 2003. El gobierno tiene la obligación legal de revisarlo al menos una vez cada tres años y modificarlo si es necesario.
En 2012, el gobierno encabezado por el Partido Democrático de Japón decidió, en lo que calificó como una “estrategia energética”, eliminar la energía nuclear a finales de la década de 2030. Pero la histórica decisión desencadenó una fuerte oposición en el mundo de los negocios y el gobierno nunca presentó su proyecto definitivo.