México, 26 Nov (Notimex).- La vicecoordinadora del PRI en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, presentó una iniciativa para adicionar un inciso al Artículo 26 de la Constitución, a fin de crear el Instituto Nacional de Evaluación de la Política de Seguridad.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que la propuesta tiene el objetivo de perfeccionar el diseño y aplicación de las políticas públicas destinadas a esta materia, la cual preocupa a los mexicanos.
En el primer decenio del siglo XXI, el crecimiento de la inseguridad pública adquirió dimensiones inéditas y la administración del Gobierno de la República de 2006 a 2012 convirtió a la seguridad en el tema principal de su gobierno.
Comentó que entonces se configuró una política de seguridad que demostró clara orientación hacia la expansión de los agentes punitivos. Sin embargo, aclaró, al revisar los resultados de esta estrategia dan cuenta de que fueron insuficientes.
Después, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la presente administración trazó como el primero de sus objetivos, alcanzar un México en paz: que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población.
Que se recobren el orden, la seguridad y la justicia y se haga de México una nación tranquila, en la que se respeten cabalmente los derechos humanos.
Lo que proponemos con esta iniciativa de reforma es abordar el problema, precisamente desde la vertiente de la evaluación, explicó la legisladora federal.
Hizo notar que los ejercicios de evaluación de las políticas de seguridad en el ámbito internacional se han orientado principalmente a la política criminal.
La tendencia del desarrollo de los instrumentos de evaluación de la política pública, expresó, ha avanzado en consonancia con la inercia mundial, al enfocarse principalmente hacia la materia social.
Actualmente, agregó, las funciones de evaluación institucional para la política de seguridad se establecen en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los análisis de resultados en materia de seguridad han puesto de relieve la insuficiencia de los instrumentos de control tradicionales: parlamentario, presupuestal, de auditoría y de vigilancia.
Con ello, prosiguió, se ha evidenciado la necesidad de avanzar a la evaluación, pues se ha demostrado, por ejemplo que la verificación de una gestión gubernamental contablemente impecable, no se traduce necesariamente en la solución de un problema o atención de una necesidad social.
La persistencia de importantes problemas sociales, acotó, obliga a combatir la ineficiencia en la gestión pública a través de instrumentos más complejos, dinámicos y responsables.
En nuestro país, la teoría y la experiencia han demostrado que, por razones de racionalidad política y administrativa, es preferible que la función de evaluación se ejerza a través de un organismo que goce de la máxima independencia y autonomía.