El máximo tribunal sentenció el martes al alcalde opositor de una inestable ciudad fronteriza a un año de cárcel por no retirar las barricadas que habían colocado activistas antigubernamentales. La semana pasada, el tribunal envió a prisión a otro alcalde por los mismos motivos.
Maduro ha acusado reiteradamente a los manifestantes de intentar un golpe de estado contra su gobierno socialista a fin de derrocarlo para que no concluya su periodo como presidente en 2019.
También acusó a la oposición de ignorar su mandato después de que los candidatos progubernamentales prevalecieran en las elecciones municipales de diciembre.
El martes, Maduro dramatizó las afirmaciones de una conjura antigubernamental al anunciar que tres generales de la Fuerza Aérea fueron arrestados por tramar un golpe de estado después de que supuestamente se reunieran con miembros de la oposición.
El presidente después anunció que buscaría la pena más estricta posible para los implicados.
Diego Moya-Ocampos, analista latinoamericano en la firma IHS, dijo que los arrestos posiblemente tuvieron como objetivo enviar un mensaje a los efectivos sobre el poder que el gobierno tiene sobre los tribunales militares.
“Creo que la señal que (Maduro) quiere enviar es ‘tengan cuidado con el tipo de diálogo que abren, porque se arriesgan a perder sus carreras”’, expresó Moya-Ocampos desde Londres.
El miércoles había muy pocos detalles sobre los arrestos, aunque Maduro afirmó que una prominente detractora del gobierno intentó reunirse con los tres militares: Rocío San Miguel, directora de un grupo que da seguimiento al proceder de las fuerzas armadas de Venezuela.