Un candidato propone usar francotiradores para combatir a las pandillas. Otro quiere militarizar la seguridad pública y recluir a los jóvenes, que no trabajan ni estudian, en granjas donde impera una disciplina militar y así evitar que se unan a los pandilleros.
En un país acostumbrado a la violencia, que soportó una sangrienta guerra civil de 12 años y luego la irrupción feroz de los pandilleros, la inseguridad sigue en el primer lugar de la discusión pública y es el principal tema de las elecciones presidenciales, pues sigue teniendo en ascuas a la población, víctima indiscriminada de las extorsiones y testigo de asesinatos en las calles.
El desespero es tal que algunos candidatos, que el domingo dos de febrero se enfrentan en primera vuelta en su disputa por suceder al presidente de izquierda Mauricio Funes, han propuesto soluciones radicales.
La violencia tal vez no llegue a los niveles de 2012, cuando se registraba un promedio de 14 homicidios diarios, según la policía, y cuando los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 acordaron una tregua para dejarse de matar entre ellos.
Tras el pacto de no agresión, hubo una caída de más del 40% en los homicidios de 2011 a 2012, de acuerdo con un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En 2013 hubo 2.492 homicidios, un poco menos de los 2.548 del año anterior. A ellos se suman por lo menos 1.070 desaparecidos que cuantificó el Instituto de Medicina Legal.
Los líderes pandilleriles dicen que la tregua se mantiene firme pero la violencia generada crece porque las extorsiones a la gente del común, a empresarios, y comerciantes no cesan y quienes se nieguen a pagarlas son asesinados.
En diciembre de 2012 las autoridades descubrieron un cementerio clandestino donde las pandillas enterraron a algunas de sus víctimas. Fueron hallados 24 cadáveres pero las excavaciones continúan. La policía cree que la cantidad de restos pueden ascender a 44.
El hallazgo del cementerio confirma que los pandilleros siguen matándose entre ellos y asesinando a quienes se niegan a pagar extorsiones, dice la policía. Y que muestra que su modus operando cambio pues ahora los cuerpos de las víctimas son enterrados en lugar de dejarlos en las calles, como lo hacían antes de la tregua.
Las pandillas también están involucradas en el narcotráfico en un país que es tránsito obligado de narcóticos, dicen las autoridades.
Los carteles les pagan en efectivo o con droga, que luego las pandillas venden en el mercado local en un fenómeno conocido como el ‘narcomenudeo’.
La policía dice que al occidente del país operaba un cartel llamado Texis, grupo internacional que se dedicada al tráfico de droga y al robo de automóviles que luego vendían en Guatemala y que aparentemente fue desarticulado en septiembre cuando 18 de sus líderes fueron capturados, entre ellos a un inspector de la policía y a un suplente de un ex diputado.
El candidato oficialista Salvador Sánchez Cerén, ex guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y uno de los favoritos de las encuestas, plantea combatir la delincuencia apoyando a las familias con inversión en las comunidades, una mejor educación, y con una policía “ampliada, fortalecida y depurada”. Depurada de corruptos o negligentes, dijo.
Sus propuestas no son nuevas y prefiere la vía conciliatoria, a diferencia de varios de sus oponentes que plantean el camino de la represión. Su principal rival, según las encuestas, es el alcalde capitalino Norman Quijano, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, Arena, que ha prometido acabar con las pandillas militarizando las ciudades.
“Estoy decidido a hacer uso de los poderes de la Constitución para militarizar la seguridad pública y establecer granjas militares”, dijo Quijano.
Con la firma de los acuerdos de paz que dieron fin a la guerra civil salvadoreña, el partido Arena ocupó la presidencia por veinte años (1989-2009) y no pudo pacificar al país pese a adoptar políticas de mano dura contra las pandillas.
Las granjas militares son instalaciones donde jóvenes “en riesgo”, que no estudian ni trabajan y podrían ser tentados por las pandillas, serían sometidos a la disciplina militar. Se levantarían a las cinco de la mañana, harían ejercicios y se dedicarían a oficios como la carpintería y la electricidad.
Quijano acusa a Funes de “pactar con criminales” porque cree que el presidente ideó una tregua mal concebida porque trasladó a los líderes pandilleros de cárceles de máxima seguridad a prisiones de menor seguridad, donde tienen acceso a comunicarse con sus lugartenientes y continuar manejando los hilos de la delincuencia tras las rejas.
También dijo que los mediadores de la tregua recibieron dinero, algo que el gobierno y negociadores como el ex guerrillero Raúl Mijango han negado. La Fiscalía General abrió una investigación.
La militarización que propone Quijano ha alarmado al vicepresidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, Omar Pastore. “Hasta donde me imagino, eso implicaría matar a los mareros y eso podría provocar otra guerra y un derramamiento de sangre”, advirtió.
El politólogo Antonio Martínez Uribe, de la Universidad Nacional, dijo que la militarización “es inconstitucional. Es prácticamente dar por anulado los Acuerdos de Paz de 1992”, que pusieron fin a 12 años de guerra civil.
Analistas e investigadores consultados dicen que Arena ya ensayó políticas de mano dura sin éxito, pues las pandillas no sólo siguen actuando sino que lograron expandirse por el país.
Es difícil encontrar en El Salvador un analista que crea que la represión sea la única salida. El informe de Desarrollo Humano de la ONU dice que dado que las pandillas tienen tentáculos en muchos países y que tienen un alto nivel de organización, su criminalidad se ha acentuado en los últimos años, en muchos casos, “a raíz del fracaso de las políticas de mano dura, de fuerte represión policial”.
Otro de los candidatos, Oscar Lemus, abogado y empresario avícola del partido derechista Fraternidad Patriota Salvadoreña, que tiene poco chance de ganar, planteó decretar “toques de queda” y usar francotiradores con veteranos del ejército para luchar contra los pandilleros.
No ha ofrecido más detalles sobre la propuesta.
“Espero que no estén hablando de planes de exterminio”, dijo el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, aludiendo a las propuestas de Quijano y de Lemus.
Montenegro cree que la solución es “combatir el problema de la pobreza, la falta de empleo, una atención más integral de la niñez y la adolescencia. Hay que apostarle a la educación”.
“Esto no termina y tengo muchas dudas que termine. Hablan y hablan, pero no escucho que alguien tenga la solución”, dijo a la AP Manuel Tejada, un pequeño comerciante que dice ser extorsionado por las pandillas. “Ya se probó con la mano dura (en los gobiernos de Arena). Tuvimos la tregua y nadie cambió”.