Con la investigación dada a conocer por los expertos de la CIDH, las versiones oficiales se ponen en entre dicho; la verdad histórica de Jesús Murillo Karam se tambalea.
Aunque oficialmente solamente se hablaba de los 6 muertos, 43 desaparecidos y 22 heridos, los expertos cifran en 180 las “víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos” en los distintos ataques de la noche del 26 de septiembre de 2014, la gran mayoría de ellos jóvenes y muchos menores de edad —como los miembros del equipo de fútbol que fueron baleados.
El reporte es un duro golpe para el gobierno del presidente Peña Nieto, que en enero sostuvo que había logrado dar con la “verdad histórica” de lo sucedido. El entonces procurador Jesús Murillo dijo en aquel momento que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por los policías municipales y entregados a un grupo del narcotráfico que los calcinó en un basurero y luego lanzó las cenizas en bolsas a un río cercano.
Pero los expertos encargaron un nuevo peritaje para determinar si era posible que tantos cuerpos pudieran haber sido incinerados tal y como lo dijo el procurador, y la conclusión para ellos no deja dudas: “los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula“.
Hasta ahora, y luego del análisis de un fragmento quemado de hueso, sólo se sabe que uno de los 43 estudiantes murió. Pero no hay certeza de lo que pasó con los otros 42 alumnos.
“Hoy el teatro montado por el gobierno se ha derrumbado“, dijo el vocero de los padres de los estudiantes, Felipe de la Cruz. “La verdad histórica está por los suelos, ahora es la mentira histórica”, comentó.
El reporte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en las horas previas a la desaparición en la ciudad de Iguala, los estudiantes de la Rural de Ayotzinapa fueron blanco de ataques coordinados por parte de policías de al menos dos municipalidades, bajo el posible mando de una persona aún desconocida y ante la pasividad de agentes federales y militares que supieron en todo momento lo que sucedía y no intervinieron.
El denominado “Informe Ayotzinapa” documenta cómo policías estatales y federales, además del ejército, monitorearon los movimientos de los estudiantes desde antes de que llegaran a Iguala y que no intervinieron cuando, tras llegar, fueron atacados en nueve distintos lugares por los agentes municipales, en una jornada que también dejó seis muertos y 40 heridos. Las autoridades y los cuerpos de emergencia tardaron incluso horas en responder, lo que pudo causar la muerte de al menos dos personas que esperaban ser atendidas.
Para el grupo, es necesario que las autoridades replanteen sus hipótesis y líneas de investigación, además de continuar la búsqueda de los estudiantes e indagar el posible uso de otros lugares para cremar cuerpos, por ejemplo, hornos públicos o privados.
La desaparición de los estudiantes ha sido uno de los golpes más fuertes en lo que va del gobierno de Peña Nieto, quien asumió en diciembre de 2012 y ha tenido que reconocer que es una de las causas de la desconfianza social actual hacia su gobierno.
La investigación oficial del caso ha generado indignación entre los padres de los normalistas y diversas organizaciones que han cuestionado que esté basada sobre todo en testimonios de los detenidos y no en evidencias específicas.
La procuradora dijo que hasta ahora se ha detenido a 110 de 131 personas buscadas. El entonces alcalde Iguala, José Luis Abarca, también está preso y es señalado junto con su esposa como probable autor intelectual.
La organización Human Rights Watch, al conocer el informe, lamentó que pese a la conmoción que suscitó el crimen, las autoridades mexicanas demostraron no poder o no querer hacer una investigación seria, por lo que indicó que la justicia mexicana “necesita escrutinio externo para evitar que se repita esta vergonzosa actuación”.