Respecto a la denuncia del PAN contra el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, por la supuesta difusión de su imagen en territorio nacional con motivo de su primer informe de gobierno, señaló que “todavía hoy seguimos esperando una ley reglamentaria del Artículo 134 constitucional”.
Más allá de lo que ocurrirá con la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN), “tenemos, evidentemente, un rezago en esta materia”, resaltó el consejero.
De tal suerte, confió en que el proceso de reforma electoral 2013-2014 “traiga como consecuencia también la expedición finalmente de una ley que ponga claridad respecto de un tema en el que si bien no es novedoso, sí puedo decir que ha generado los peores dolores de cabeza para la autoridad electoral”.
Ello, abundó, porque se ha tenido que construir sobre la base de criterios casuísticos, definiciones no siempre congruentes y no siempre lineales del Tribunal Electoral en una materia que es muy compleja y que evidentemente, refleja una de las grandes preocupaciones políticas de nuestro tiempo, enfatizó.
Córdova Vianello resaltó que el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene una potestad investigadora que desplegará en el contexto de este procedimiento.
“Si hay o no algún tipo de irregularidad, si corresponde o no al final del día dar vista a las autoridades competentes, en este caso, al Congreso de Chiapas porque se ha determinado alguna violación a las normas constitucionales, esto no sé anticiparlo y sería irresponsable anticipar un juicio”, precisó.
Sobre el mismo tema, el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, Marco Antonio Baños, explicó que en este asunto que tiene que ver con la promoción personalizada de los servidores públicos, Acción Nacional usó en su queja la vía de un proceso ordinario de sanción y no el de procedimiento especial sancionador.
El plazo que tiene el IFE para la revisión de la queja “es un poco más amplio”, por lo que ello se concretará una vez que la Dirección Jurídica del organismo les turne el expediente.
“Es un tema muy complejo porque está relacionado directamente con la promoción personalizada de los servidores públicos que como todo mundo sabe tiene una prohibición constitucional tajante, pero que en el esquema de interpretación que se le ha dado al Artículo 228 numeral 5 del Código electoral”, expuso.
Ese artículo, precisó, “ha abierto algunos esquemas a través de los cuales, cuando no existe ninguna afectación al proceso de carácter federal o de carácter local, los servidores tienen algunas oportunidades para hacer esa promoción”.
A su parecer, dicho tema debe ser revisado en el ámbito legislativo, pues desde 2007, cuando se hizo la reforma constitucional, quedó comprometida la ley secundaria que regularía esa actuación de los servidores públicos, y hasta el momento sigue pendiente la emisión de esa legislación”.
De su lado, el representante panista ante el IFE, Rogelio Carbajal, confió en que el organismo electoral actúe en consecuencia y determine la culpabilidad de Velasco Coello, por la presunta campaña personalizada a nivel nacional durante su primer informe de gobierno.
En entrevista, recordó que el IFE ha encontrado la culpabilidad de funcionarios en casos similares y, por ende, ha turnado al Congreso de la entidad el caso para que se aplique la sanción respectiva.
Carbajal Tejada precisó que la difusión de los informes de gobierno de los mandatarios locales se circunscribe al interior de la entidad y no fuera de ésta “y por eso la autoridad electoral ya ha sancionado en otras ocasiones a diversos actores por lo cual esperamos que actúe en consecuencia”.