El ministro del Interior, Francisco de Vargas, dijo en conferencia de prensa que “los organismos de inteligencia del Estado tienen información sobre los planes para generar disturbios similares a los ocurridos en marzo de 1999, que produjeron un cambio de gobierno“, en alusión a la renuncia del entonces mandatario Raúl Cubas tras una semana de desórdenes callejeros que dejaron siete civiles muertos. “Todo el plantel de policías del país, que son unos 17.000 individuos, está movilizado para prevenir cualquier incidente”, agregó.
El funcionario explicó que tiene en su poder una grabación de una reunión de presuntos dirigentes del norteño departamento de San Pedro en la que se escuchan planes acerca de la provocación que deben hacer los huelguistas en Asunción para ser reprimidos por la policía lo que posteriormente, según la grabación, desencadenaría un cambio de gobierno.
De Vargas aclaró que no podía identificar públicamente a las personas involucradas en la supuesta conspiración “porque no tengo fueros que me protejan, pero la información la entregué a la fiscalía para que intervenga”. Líderes sindicales y de organizaciones campesinas restaron importancia a la denuncia de De Vargas.
Luis Aguayo, titular de la izquierdista Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas, dijo a The Associated Press que De Vargas “está tratando de desviar la atención de la prensa y de la población. La huelga estableció sus puntos específicos de protesta contra el gobierno neoliberal del presidente Horacio Cartes. No tiene por objetivo sacarlo del poder”. Agregó que “si el gobierno, realmente, identificó a los presuntos conspiradores ¿qué espera para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia?”.
En tanto, Bernardo Rojas, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, una de las seis centrales sindicales que organizan la huelga, dijo en otra reunión con periodistas que el paro “no tiene propósitos políticos, es estrictamente gremialista y no produciremos ningún disturbio”.
Agregó que la huelga es en reclamo de “un ajuste del 25% del salario mínimo (de 350 dólares mensuales para el sector privado)” y contra una ley recientemente aprobada “que habilita al gobierno de Cartes a privatizar los recursos estatales. Queremos su derogación porque perderemos soberanía sobre esos recursos”. Esta será la tercera huelga general que sufre Paraguay: la primera fue en 1958 y la segunda en 1994.