El organismo de derechos humanos indicó que tal violencia en contra de manifestantes y periodistas, que incluye golpizas a detenidos y ataques con armas de fuego a multitudes que no portaban armas, debían generar la condena y censura de la comunidad internacional.
En un comunicado emitido hoy, HRW recordó que el gobierno venezolano ha censurado a medios de noticias al interrumpir la señal de un canal de televisión por cable y amenazar con perseguir penalmente a medios de comunicación privados por informar sobre los sucesos violentos.
El presidente Nicolás Maduro anunció ayer que había comenzado el procedimiento para sacar del aire a CNN en Venezuela, y según informó un sindicato de trabajadores de la prensa, el gobierno ya habría quitado las credenciales a la corresponsal en Caracas de ese canal.
En general, periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron haber sufrido actos de violencia e intimidación por parte de agentes o partidarios del gobierno.
Además, al menos tres manifestantes murieron por heridas de bala y decenas han sufrido heridas desde el pasado 12 de febrero.
El gobierno de Maduro ha señalado a líderes de oposición como responsables de la violencia. Leopoldo López, una de las más prominentes figuras de la oposición, fue arrestado el pasado 18 de febrero y la justicia dispuso su prisión preventiva el 20 de febrero.
También se libró una orden de captura contra Carlos Vecchio, otro líder del partido político de López, según reportes de prensa. El gobierno aún no ha presentado evidencias creíbles que vinculen a estos hombres con la comisión de delitos, destacó HRW.
Varios gobiernos de América Latina, incluidos Argentina, Bolivia, Cuba y Ecuador, al igual que aliados internacionales como Siria e Irán, han expresado su apoyo a Maduro y repudiado los acontecimientos que el gobierno califica de intentos por desestabilizar al país.
“Todos aquellos líderes genuinamente interesados en la defensa de los principios democráticos en Venezuela deberían enviar un mensaje claro de que estas prácticas autoritarias son inadmisibles”, comentó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), por su parte condenó “la ola de violencia, hostigamiento y detenciones contra periodistas que cubrían las protestas de los últimos días en Venezuela”, y llamó al gobierno a que garantice la seguridad de la prensa.
“Los bloqueos mediáticos, los arrestos y una campaña de hostigamiento contra las voces disidentes se han convertido en rasgos distintivos de este gobierno”, consideró el subdirector del CPJ, Robert Mahoney.