GUATEMALA (AP) — Un juez guatemalteco denunció a Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema, por intentar influir en un juicio por corrupción en el que está involucrado su hijo.
Carlos Ruano, juez del tribunal noveno de sentencia, se disponía a iniciar la audiencia del proceso público contra 20 directivos, empresarios y particulares que habrían obtenido contratos de servicios de salud a cambio de sobornos cuando se excusó de seguir en el caso y dijo que había sido llamado por Stalling a su despacho “a efecto de hacer requerimientos sobre el presente debate”.
“En ningún momento iba a comprometer mi trabajo, que en todo momento ha sido transparente. Estoy comprometido con la justicia”, declaró Ruano e indicó que ya denunció a la magistrada ante la Fiscalía contra la Impunidad.
Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada, está acusado de ser uno de los operadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que habría recibido comisiones ilegales para otorgar contratos a la farmacéutica Pisa por servicios de diálisis. Según la fiscalía, unas 15 personas fallecieron debido a la mala calidad de esos tratamientos.
En conferencia de prensa, la fiscal general, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, explicaron que han solicitado a la Corte Suprema de Justicia que retiren la inmunidad a la magistrada por el delito de tráfico de influencias. Asimismo, Aldana informó que posee un audio donde se escucha a Stalling decir que solicitaría al juez que llevaba la denuncia que resolviera en favor de su hijo.
Por su parte, Velázquez agregó: “los jueces que manchan la toga son doblemente criminales, porque su delito también lesiona gravemente la confianza ciudadana en la justicia”.
Stalling negó las acusaciones en su contra y dijo que ella “jamás había pedido nada” al juez. “Yo respeto a todas las personas que están pidiendo mi renuncia, pero no voy a renunciar. No voy a aceptar una responsabilidad que no tengo”, aseguró la magistrada.
Según la fiscalía, Stalling pidió al juez que al resolver pensara en que era mejor “absolver a un culpable y no condenar a un inocente”, además de haber explicado el modo en que ella creía que debía resolverse el proceso.
Stalling aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias para enfrentar la acusación en su contra y calificó a Ruano de miedoso, “porque no tiene valor de seguir en ese caso” y sólo inventa esos argumentos para obtener fama.
El tribunal en pleno, integrado por tres jueces, no seguirá con el juicio, por lo que éste quedará detenido de manera indefinida. La Procuraduría de Derechos Humanos solicitó a las autoridades protección para Ruano, aunque no ha denunciado amenazas.
Ésta no es la primera vez que se acusa a la magistrada de tratar influir en decisiones judiciales. En escuchas telefónicas de 2015, un prófugo acusado de participar en una red que defraudó al Estado en varios millones de dólares decía a otro hombre que Stalling ayudaría a la red a evitar que la justicia los alcanzara.
El caso denominado “La Línea” sacudió a la clase política guatemalteca y alcanzó las más altas esferas del gobierno. El entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti tuvieron que renunciar al cargo acusados de corrupción. Ambos están en prisión a la espera de un juicio.