Sus residentes estaban acostumbrados a vivir con desbordamientos del río Pinula y deslizamientos de tierra. Evelyn de Cifuentes, dijo que su suegra murió en 2010 por un derrumbe más pequeño junto a su casa. Un estudio técnico de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) del pasado noviembre dijo que “se observan fracturas en bloques de material que pueden indicar futuros deslizamientos (de tierra)” y que la población debería marcharse.
Pero la zona no fue declarada inhabitable hasta el lunes, cuatro días después del alud que barrió el vecindario causando la muerte a cientos de personas. La cifra oficial de fallecidos era de 186 el martes, y aún se desconocía el paradero de unas 300 personas.
El Ministerio Publico dijo el martes que inició una investigación para establecer responsabilidades penales de quienes autorizaron la construcción de las casas en el lugar.
“Vamos a establecer el grado de responsabilidad que se pudiese establecer, de quién autorizó las obras en el lugar o si alguien no tomó las acciones oportunas para evitar la tragedia”, explicó el fiscal Rotman Pérez, de la sección de delitos políticos.
Pérez dijo que se están investigando todos los aspectos, incluyendo quién recibió el informe de la Conred, si se hizo algo al respecto, quien tenía jurisdicción sobre la zona y quien cobraba los impuestos.
Unas 250 personas seguían alojadas en dos albergues municipales y tenían prohibido regresar a sus casas. Dijeron que no habían sido informados sobre su reubicación, pero que sí se les dijo que ocurriría.
Marco Antonio Pu, de 17 años que vive con su familia en un albergue luego de perder su casa, recuerda que hubo algunos derrumbes, pero nada grave. “Nunca imaginé un deslave así”, comentó.
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, dijo que hizo un llamado a la municipalidad para que desaloje a otras 50 familias que aún están en el área o tomará acciones legales.
De León recordó que la misma condición de riesgo existe por toda Guatemala. La Conred estima que hay 8.000 localidades en peligro.
“Con las condiciones de la pobreza en las que se vive y las condiciones de peligro (…) tenemos enorme riesgo que eso se vuelva a repetir”, dijo De León. “No pueden autorizar casas en áreas con condiciones peligrosas”, añadió.
Conred había hecho al menos dos reportes anteriores, en 2001 y 2008, en los que identificaba a Cambray como de alto riesgo. Uno de los informes siguió al devastador huracán Mitch que azotó la región centroamericana en 1998 y el otro llegó con el Huracán Stan en 2005, dijo el portavoz de la agencia, David de León.
El vocero explicó que las recomendaciones de que la gente no podía vivir en Cambray se hicieron desde 2001, pero que la población asentada en la localidad siguió en aumento. El departamento puede declarar que una zona está en peligro pero, a falta de una orden judicial, depende de la municipalidad trasladar a los residentes, agregó.
El director de Conred, Alejandro Maldonado, dijo que el pasado diciembre advirtió a la municipalidad y a su entonces alcalde, Tono Coro, que el río estaba socavando la base del cerro y que los residentes debían ser reubicados.
Coro, quién fue alcalde por 15 años, anunció su retiro en enero para optar a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, elección que perdió por un margen amplio. El martes no estuvo disponible para realizar comentarios.
Coro ofreció sus condolencias y apoyo a las víctimas a través de su página de Facebook el viernes, donde fue vilipendiado en una serie de comentarios que lo culparon del desastre. El diario La Hora mostró a una mujer con documentos que probaban que había comprado una parte del terreno en 2006, mucho después de que la municipalidad conociese el peligro.
El reporte de Conred habló en su mayoría de los riesgos originados por el río Pinula y recomendó su dragado. El portavoz de la municipalidad, Manuel Pocasangre, dijo que las autoridades decidieron dragar el río y fueron puerta por puerta para advertir a los residentes sobre lo peligroso de la situación pero la gente prefirió quedarse en sus casas. La municipalidad no tiene pruebas documentales que acrediten que habló con los vecinos.
La mayoría de los residentes son los propietarios de las viviendas y aseguran haberlas construido con los permisos pertinentes.
Pocasangre dijo que ninguna de las viviendas estaba registrada en Santa Catarina Pinula porque el vecindario está registrado como parte de la ciudad de Guatemala, que está inmersa en una disputa legal con la municipalidad vecina por la jurisdicción del territorio. Santa Catarina proveía de servicios de agua a la población y era allí donde los habitantes pagaban su impuesto de vivienda, apuntó.
Jeff Coe, experto del Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo que aunque no hay estudios oficiales, parece que cada vez más gente se instala en zonas peligrosas como Cambray. No se trata de que la gente no quiera trasladarse allí, si no de que a veces no tienen más opción, agregó.