GUATEMALA (AP) — Juan Carlos Monzón Rojas, líder operativo de una estructura criminal que defraudó al Estado guatemalteco y le costó el puesto al presidente Otto Pérez y a su vicepresidenta, se entregó a la justicia.
La Fiscalía indicó el lunes que Mozón Rojas, quien se encontraba prófugo desde abril, se presentó de manera voluntaria en las instalaciones de la Torre de Tribunales en la capital guatemalteca la noche del domingo.
El juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo de la causa, fijó para la mañana del lunes la primera declaración de Monzón Rojas, exsecretario privado y mano derecha de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
El 30 de septiembre pasado la Policía junto a los fiscales efectuaron allanamientos en dos viviendas en busca de Monzón en los municipios aledaños a la ciudad de Guatemala, San Lucas Sacatepéquez y Mixco, sin encontrarlo.
Los delitos por los que lo acusan son caso especial de defraudación aduanera, cohecho pasivo y asociación ilícita.
Según las investigaciones, el grupo delictivo denominado “La Línea” e integrado por funcionarios y particulares operó de mayo de 2014 a abril de 2015 y tramitó el ingreso ilegal de al menos 1.561 contenedores por las aduanas guatemaltecas por los que cobraron alrededor de 3,6 millones de dólares en sobornos a cambio de ayudar a los empresarios a evadir impuestos.
La investigación comenzó con interceptaciones telefónicas que mostraron cómo operaba la red criminal por medio de llamadas a números móviles donde personal ajeno a la Administración Tributaria se encargaba de negociar los montos a cobrar a los empresarios interesados en ingresar ilegalmente productos al país.
El expresidente Pérez Molina y Baldetti renunciaron al cargo en medio de fuertes manifestaciones de la población guatemalteca que exigía el fin a la corrupción.
La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala aseguran que ambos están vinculados al caso y que se beneficiaron de la estructura, recibiendo al menos el 50% de los sobornos captados.
Tras las renuncias ambos se presentaron ante un juez, quién les ordenó la prisión preventiva por tres meses mientras la Fiscalía y la Comisión los investigan.
También se han embargado sus propiedades y se han inmovilizado sus cuentas bancarias para establecer si sus fondos fueron obtenidos de manera ilícita.
Unas 40 personas están siendo procesadas por el caso, mientras más de 100 son investigadas por el hecho. La Comisión ha dicho que existen al menos 88.000 escuchas telefónicas y miles de documentos que confirman la participación de los acusados en los hechos.