Grupo de izquierdas rechaza propuesta de Mas para Cataluña

MADRID (AP) — Los esfuerzos del presidente en funciones de Cataluña para formar un nuevo gobierno regional partidario de independizarse de España sufrieron un nuevo revés luego de que la formación de izquierdas CUP, partidarios radicales de la secesión, reafirmaran su oposición a respaldarlo como presidente de la Generalitat.

Artur Mas lidera la coalición “Junts pel Sí” (Juntos por el Sí) que obtuvo 62 de los 135 escaños del Parlamento regional en los comicios del pasado septiembre. Al no haber logrado mayoría absoluta, necesita el respaldo de Candidatura de Unidad Popular (CUP), que cuenta con 10 representantes, para su investidura.

La CUP ya votó en contra de su candidatura en dos ocasiones y la asamblea del grupo decidió el domingo mantener su postura. Sin embargo, acordaron que seguirán negociando una posible alianza con Mas, que dependería del nombramiento de otro candidato a presidir el gobierno regional.

Sin embargo, el líder de la CUP, Antonio Baños, dijo el lunes que la decisión de los integrantes del partido no es vinculante y que “todo está abierto”.

El Parlamento catalán tiene hasta el 10 de enero para formar gobierno o convocar nuevas elecciones. Los partidos independentistas temen que su movimiento pierda impulso si se realizan nuevas elecciones regionales.

El gobierno central español descarta cualquier posibilidad de que la región se independice.

La CUP y Juntos por el Sí unieron fuerzas el 9 de noviembre para apoyar una resolución parlamentaria que anunció una hoja de ruta para concretar la independencia en 2017.

Pero el Tribunal Constitucional de España ordenó que la resolución fuera suspendida temporalmente luego de que el gobierno central impugnara, y advirtió a Mas y sus aliados que podrían enfrentar cargos penales si desafían el fallo.

El viernes el Parlamento catalán hizo una petición al tribunal para rechazar el alegato diciendo que la resolución fue simplemente una expresión de deseo y no una postura legal.

La resolución autorizó al gobierno regional entrante comenzar a trabajar en una constitución catalana y para establecer sistemas de seguridad social y de recaudación de impuestos. También lo hace inmune a las instituciones españolas, incluyendo el Tribunal Constitucional.

Las encuestas muestran que la mayoría de los catalanes apoya la realización de un referéndum sobre la independencia, pero están divididos con respecto a romper con España.

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