El werkén (vocero) Daniel Melinao pasó nueve meses encarcelado por su presunta participación en abril de 2012 en la muerte del sargento Hugo Albornoz, quien falleció producto de un disparo de revólver que recibió en el cuello mientras participaba en un allanamiento a la comunidad del dirigente, Wente Wilkun Mapu, en Ercilla, 600 kilómetros al sur de Santiago.
Una vez más el gobierno criticó severamente un fallo judicial de jueces de la zona de La Araucanía, 600 a 700 kilómetros al sur, donde algunos centenares de comunidades indígenas, de un total de 2.800, batallan por la recuperación de las tierras de sus ancestros, actualmente en manos de forestales y de latifundistas.
“Hoy día se hizo justicia, y con mucha fuerza y mucha justicia vamos a seguir adelante con la recuperación de tierras”, dijo Melinao al salir en libertad. Fue detenido en abril del año pasado.
El Ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que fallos como el que favoreció a Melinao van creando “una sensación de impunidad” porque no se logran condenas a pesar de existir “las pruebas, los testimonios”.
“En la zona de La Araucanía el gobierno ha presenciado a través de las acciones judiciales que se presentan, que los estándares de prueba, que las exigencias de prueba, son a veces superiores y distintas a las que se observan en otras partes del país”.
Melinao arriesgaba 31 años de cárcel por, supuestamente, haber proporcionado las balas al autor del disparo contra Albornoz, que sigue prófugo. El tribunal desestimó las pruebas de la fiscalía.
Las críticas al fallo judicial se registran a sólo cuatro días de que el nuevo presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, señalara que los magistrados deberán acostumbrarse a la “crítica política general, infundada y carente de antecedentes”, en respuesta a cuestionamientos de Piñera.
El gobierno suele responsabilizar a los mapuches de los actos de violencia en La Araucanía, desde incendios a camiones, viviendas de agricultores, camiones de forestales o ataques con disparos. En no pocos casos indígenas han pasado largos períodos encarcelados para ser liberados al concluir largos procesos judiciales.
La Araucanía está supervigilada por policías antimotines llevados desde ciudades lejanas ante el temor de los agricultores a los atentados por parte de desconocidos que evaden la captura. El temor creció hace un año, cuando un grupo de sujetos atacó e incendió el hogar del matrimonio de ancianos Luschsinger-McKay, quienes fueron quemados vivos en el interior de su casa. La policía sólo detuvo a un mapuche herido que se encontraba oculto en las cercanías, pero el juicio aun no comienza.