“Advertimos que ha habido una sistemática persecución y linchamiento mediático”, señaló el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al dar a conocer la posición del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El funcionario consideró que, con la filtración de datos a la prensa, como ha ocurrido, se ha violado el derecho al debido proceso que establecen las leyes.
Existe un principio esencial que es el de presunción de inocencia; en consecuencia, el debido proceso implica no solo el proceso acusatorio, sino también la determinación del juez que puede dar lugar o no a la indagatoria, dijo.
Ya después de que exista una decisión judicial sobre procesar o no a cualquier persona, recordó, el paso siguiente sería que ésta ejerciera su derecho legítimo a la defensa. “Creemos que la presunción de inocencia debe ser correspondida por la defensa del vicepresidente, que presentará todos los elementos necesarios y probatorios para propiciar la inocencia en el proceso”, dijo.
La investigación comenzó en marzo de 2012, cuando un programa de televisión denunció que Amado Boudou había cometido el delito de tráfico de influencias al rescatar a la empresa Ciccone Calcográfica mediante prestanombres.
Dicha firma, representada por Alejandro Vanderbroele, un supuesto amigo de Boudou, estaba en la quiebra y adeudaba 20 millones de dólares al fisco, pero fue rescatada en 2010 gracias a la intervención del vicemandatario, quien entonces era ministro de Economía.
Más tarde, la firma logró un contrato por parte del Estado, con Amado Boudou ya como vicepresidente, para la impresión de billetes, lo que le redituaría ganancias por 50 millones de dólares. Además de Boudou, el fiscal de la causa solicitó la comparecencia del director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y de los supuestos socios o prestanombres del vicepresidente.