GUATEMALA (AP) — La fiscalía guatemalteca acusó el jueves formalmente a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti de corrupción.
Según el fiscal Juan Francisco Sandoval el organismo tiene “los suficientes elementos de soporte para acusarla de los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo”.
Sandoval presentó el jueves la acusación ante el juzgado a cargo de la fase investigativa y dijo que al menos 500.000 documentos fueron analizados para dar sustento a la investigación.
Agregó que en 93 folios se detallan los análisis de más de 212 pruebas, entre ellas escuchas telefónicas, procedimientos aduaneros y correos electrónicos intercambiados entre los acusados del caso. El fiscal explicó que en una de las llamadas telefónicas grabadas Baldetti habla sobre su participación en la estructura delictiva.
En abril la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de Naciones Unidas dedicado a desarticular aparatos clandestinos y de seguridad dentro del Estado guatemalteco, anunciaron la desarticulación de una red llamada “La Línea” integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios a cambio de que los ayudaran a evadir impuestos.
Baldetti está acusada junto al expresidente Otto Pérez Molina de haber participado en la estructura que defraudó al Estado y que era liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, entonces secretario privado y mano derecha de la vicepresidenta.
El fiscal dijo que es “alrededor de 28 millones de quetzales (unos 3,6 millones de dólares) lo que se le está imputando” que habría recibido Baldetti.
El juez Miguel Ángel Gálvez deberá fijar una audiencia para definir si la acusación es suficiente para enviar a juicio a la ex vicepresidenta.
Según la Comisión más de 88.000 escuchas telefónicas pusieron en evidencia cómo funcionaba la estructura que defraudó al fisco por varios millones de dólares y que Baldetti, Pérez y alrededor de otras 100 personas conocían, permitían operar y se beneficiaban de sus operaciones.
Tras el anuncio de la desarticulación de la red de corrupción miles de guatemaltecos salieron a las calles a protestar durante varios meses exigiendo la renuncia de Pérez y Baldetti. A fines de agosto y principios de septiembre Baldetti y Pérez dimitieron, fueron procesados y enviados a prisión por cargos de corrupción.