Buenos Aires, 3 Dic (Notimex).- El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, ya no asumirá bajo proceso judicial gracias a que hoy el fiscal de la causa en la que se lo investigaba por espionaje ilegal pidió que fuera sobreseído.
Macri fue beneficiado por la decisión del fiscal Jorge di Lello, quien concluyó que no hay elementos para mantenerlo procesado ni llevarlo a juicio oral y público.
El dictamen se aceleró ante la inminencia del cambio de gobierno que se realizará dentro de una semana, ya que Macri iba a convertirse en el primer presidente de la historia argentina que asumía bajo proceso judicial.
El caso comenzó en 2009, cuando Sergio Burstein, un líder de la comunidad judía, denunció que estaba siendo espiado telefónicamente por la Policía Metropolitana de Buenos Aires.
La justicia comprobó el espionaje, pero el escándalo aumentó cuando se descubrió que también habían sido espiados empresarios, diputados de oposición y, lo más sorprendente, el cuñado del jefe de Gobierno, Daniel Leonardo, un hombre casado con su hermana Sandra Macri.
A lo largo de la investigación se demostró que el espía encargado de las operaciones era Ciro James, quien figuraba como empleado del ministerio de Educación del gobierno de Buenos Aires.
La verdad era que James trabajaba a las órdenes de Jorge “Fino” Palacios, entonces jefe de la Policía Metropolitana que recién había creado Macri, quien tuvo que enfrentar una grave crisis política.
Palacios dejó el cargo acosado por las denuncias de espionaje y por haber entorpecido la investigación del peor ataque terrorista de la historia argentina, ocurrido en un centro comunitario judío en julio de 1994 y que mató a 85 personas.
Macri defendió siempre a Palacios, pero finalmente el ex comisario se convirtió en uno de los principales acusados en el juicio por encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
En su lugar, el jefe de Gobierno designó a Osvaldo Chamorro, quien duró poco en el cargo porque también quedó involucrado en la red de espionaje.
Luego de negar durante meses las acusaciones en contra de sus funcionarios, Macri tuvo que ceder ante las evidencias, aunque sólo se limitó a reconocer que había cometido “un error” al seleccionarlos.
También, al igual que lo hace la mayoría de los políticos argentinos que terminan envueltos en problemas judiciales, Macri aseguró durante estos seis años que era un “caso armado” por el gobierno kirchnerista para afectar sus aspiraciones políticas.
En 2010, el juez Norberto Oyarbide procesó a Macri, a Palacios y al ex ministro de Educación, Mariano Narodowsky, y les imputó el delito de “partícipes necesarios de una asociación ilícita” que funcionó para realizar escuchas ilegales.
El presidente electo quedó acusado formalmente de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, aunque el año pasado el juez Sebastián Casanello sorprendió al enviar a juicio oral a James, Nadorowsky y Palacios, pero no a Macri.
A pesar de que el procesamiento de Macri seguía firme, pudo ser candidato y ganar la presidencia, pero se mantenía la incertidumbre sobre sí tendría que enfrentar o no un juicio, lo que finalmente no ocurrirá.