En la segunda jornada del vigésimo ciclo de conversaciones con el Gobierno de Colombia en La Habana, los rebeldes presentaron este martes seis propuestas mínimas que incluyen programas de desarrollo alternativo. El programa comprende la concertación y participación directa de las comunidades productoras y compensaciones e incentivos para las comunidades productoras y los trabajadores de los cultivos.
También planes de desarrollo alternativo, financiación por el Estado colombiano de los planes de desarrollo alternativo y “veeduría y seguimiento internacional”.
En un comunicado dijeron que la veeduría estaría integrada por representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la “comunidad académica”.
Recordaron que su propuesta presentada en enero pasado como Programa Nacional de sustitución de usos ilícitos de los cultivos de coca tiene como eje central los Planes de desarrollo alternativo, los cuales constituyen base fundamental de su política antidrogas.
Tales planes tendrán un horizonte de cinco años y deberán definir las actividades productivas y de generación de servicios que sustituirán los usos ilícitos, en aras de garantizar las condiciones de sostenibilidad económica, social y ambiental de las zonas involucradas.
El programa se sustenta en los principios de la gradualidad, voluntariedad, concertación y participación directa de las comunidades productoras y núcleos familiares que las conforman, después de realizar procesos de negociación.
En enero pasado, las FARC exhortaron al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a la intervención directa del Estado para regular la producción y el mercado, en base a las cualidades alimenticias, medicinales, terapéuticas y culturales de los cultivos.