Poco antes de que llegara el tercer grupo de 12 damnificados por la guerra interna, la guerrilla abogó por aceptar como afectados a integrantes de organizaciones políticas, sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, y de mujeres. El nuevo grupo, en el que predominan las mujeres, son víctimas o familiares de quienes han sido muertos, mutilados, torturados o secuestrados por las FARC, militares, policías, paramilitares y narcotraficantes.
En un comunicado leído por el delegado insurgente Marco León Calarcá, insistió en responsabilizar al Estado y sectores dominantes de Colombia con la “contención, represión, estigmatización, exterminio y liquidación” de la oposición política en ese país.
Por ese motivo, agregó, las FARC demandan el reconocimiento como víctimas del Movimiento Gaitanista, la Unión Nacional de Oposición, Frente Democrático, Partido Comunista Colombiano, Movimiento A Luchar y al Frente Popular, entre otras organizaciones.
Un “reconocimiento especial” tendrá la Unión Patriótica, por haber sido objeto de “un genocidio político”, dijo Calarcá a periodistas en la entrada del Palacio de Convenciones, sede de las conversaciones con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
El portavoz del grupo armado ilegal exhortó a la identificación precisa de todas las personas en cabeza de organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, incluidas las de las zonas de reserva campesina, y de derechos humanos y femeninas. Poco antes del arribo del nuevo grupo de víctimas, con lo que ya suman 36 en las últimas semanas, en Bogotá se denuncio que tres de ellas recibieron amenazas por participar en el proceso de paz.
El Coordinador Residente y Humanitario de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, dijo que también fueron intimidados un miembro de la ONU y otro de la Universidad Nacional, quienes participaron la selección de los dos grupos anteriores de víctimas. Las FARC y el gobierno colombiano discuten en el 28 ciclo de pláticas el tema de las víctimas, tras haber alcanzado acuerdos en los de desarrollo agrario integral, participación política y uso de drogas ilícitas.