México, 13 Ene (Notimex).- Un Juez Federal ordenó indemnizar con 20 millones 810 mil pesos a las víctimas indirectas del secuestro y homicidio calificado de un agente de la DEA y un piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ocurrido en 1985.
El Juzgado IV de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Jalisco fijó el monto de la reparación integral del daño que debe cubrir el sentenciado, identificado como uno de los fundadores de un grupo criminal en Guadalajara.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que la autoridad jurisdiccional sustentó su fallo en la jurisprudencia del alto tribunal mexicano, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de normas y tratados internacionales suscritos por México.
En el caso concreto se acreditó la afectación a los sentimientos, afectos e integridad psíquica de los familiares, ante la pérdida de sus padres y esposo.
Se demostró que el aludido y otros ordenó la privación de la libertad de las víctimas y su asesinato y se determinó que el sentenciado cuenta con una situación económica alta, toda vez que al ocurrir los hechos él y otros dirigían un grupo criminal dedicado al narcotráfico.
En conclusión, dada la grave afectación a los derechos de las víctimas, el alto grado de responsabilidad del sentenciado y su alta capacidad económica, la imposición de la indemnización, agrega el juez, debe ser igualmente severa.
El monto señalado por la autoridad jurisdiccional tomó como base el salario mínimo que rige en 2017, porque entonces no habría una “justa retribución”.
De esta forma el hijo del agente de la DEA recibirá 10 millones de pesos y una cantidad equivalente obtendrán la esposa y los cinco hijos del piloto aviador; en este último caso a la esposa se le entregarán dos millones 500 mil pesos y a cada uno de los cinco hijos un millón 500 mil pesos.
Adicionalmente cada familia recibirá cuatro mil 802.40 pesos por concepto de gastos funerarios y 400 mil 200 pesos por indemnización.
El Juzgado IV de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco ordenó al sentenciado para que en el plazo de cinco días acredite haber cubierto ante la autoridad hacendaria dicho pago.