El fiscal de Nueva York Eric Schneiderman cree que puede ser una “farsa” el sistema de Exxon Mobil para evaluar el impacto del cambio climático en su negocio y asegura tener pruebas de declaraciones “potencialmente falsas y engañosas” contra la compañía.
La acusación supone una escalada en la investigación que busca determinar si la mayor compañía energética del mundo engañó a sus inversores sobre el impacto del cambio climático.
Esta información se da a conocer al día siguiente de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase la salida de Washington del Acuerdo de París, el cual era defendido por la propia Exxon Mobil, instando al Gobierno de Estados Unidos a permanecer en él.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, era hasta finales del año pasado el máximo responsable de Exxon y hoy es un actor clave en la investigación de la Fiscalía de Nueva York.
62% de los accionistas de Exxon votó el miércoles a favor de una resolución, a la que se oponía la empresa, que insta a divulgar más información sobre cómo el cambio climático y las regulaciones medioambientales pueden afectarle.
Schneiderman analiza el método que utiliza Exxon desde 2007 para dar a sus inversores una estimación del impacto económico que podría tener en un proyecto energético la regulación gubernamental contra el cambio climático.
Según la Fiscalía, Exxon utilizaba ese coste para “garantizar” a los inversores que ninguno de los proyectos o activos se vería afectado por la regulación medioambiental.
Sin embargo, los abogados del Estado advierten de que esa promesa podría ser irreal y que solo se ha hallado un caso en que Exxon realmente aplicara internamente esa estimación de coste. Es decir, la compañía decía a sus inversores que llevaba a cabo esos cálculos, pero internamente apenas lo hacía.
Además, Schneiderman alega que documentos de la empresa entre 2010 y 2014 indican que utilizó “cifras secretas internas” que variaban de las que anunciaba públicamente.
Por ejemplo, la compañía dijo en 2014 que calculaba un impacto regulatorio de 60 dólares por tonelada de emisión de gas de efecto invernadero, pero internamente utilizaba una estimación de 40 dólares por tonelada.