LA PAZ, Bolivia (AP) — Los teléfonos celulares descartados, las botellas plásticas y las pilas no irán a la basura ahora que las empresas que comercializan productos contaminantes deberán asumir el costo de recogerlos de las calles, según una ley aprobada por el presidente boliviano Evo Morales.
Las empresas no están obligadas a recoger su basura pero deberán pagar el costo adicional al servicio municipal de recolección de residuos, dijo Giovanni Jémio Méndez, director del Sistema de Regulación Municipal de la alcaldía de La Paz en una entrevista con The Associated Press en referencia a la nueva norma de manejo de residuos sólidos.
“Esto se puede aplicar a todas las empresas que importan productos, que también ayuden con el manejo. Nosotros creemos que esta ley ayudaría mucho con ello. No sólo le deja la responsabilidad al municipio”, agregó.
Según Jémio Méndez más de 10.000 botellas plásticas al mes van a parar a la basura y menos de 10% se recicla. A su vez se descartan millones de pilas y los depósitos donde se colocan están casi llenos. La Paz es uno de los municipios que tiene una pequeña planta recicladora. En la ciudad se paga una tasa de aseo que sólo cubre un 40% del servicio, el otro 60% está subvencionado por la alcaldía. La alcaldía cobra más de un dólar al mes para la recolección de basura.
La ministra de Medio Ambiente y Agua Alexandra Moreira explicó que en esta ley se establece que los productores de botellas plásticas, plaguicidas, llantas, pilas, baterías y otros materiales ayuden en la gestión integral de residuos sólidos y su reciclaje respectivo.
Moreira indicó que la responsabilidad es de todos los que generen basura y que el objetivo de la ley es reducir los contaminantes, desde el vecino hasta las empresas, ya que en Bolivia se generan por año casi dos millones de toneladas de residuos.
La ministra detalló que de toda la basura un 90% es depositada en botaderos a cielo abierto y que 37% de esos botaderos están ubicados en riberas de ríos, afectando las fuentes de agua, lagos y lagunas.
La ley también establece que se cierren los botaderos a cielo abierto en un plazo de cinco años y se creen rellenos sanitarios. A nivel nacional, de unos 340 municipios sólo cinco cuentan con rellenos sanitarios.