La secretaria asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, aseguró este viernes en conferencia de prensa que “sí, estamos preocupados. Nos preocupa su situación y que avance el proceso legal”, en contra de Leopoldo López. Aludió al potencial efecto intimidatorio que el proceso contra López podría tener entre otros líderes y simpatizantes de la oposición en general en Venezuela, “y me parece que fue diseñado para eso”.
López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, se entregó el martes a las autoridades venezolanas para responder a nueve cargos en su contra, derivados de la violencia ocurrida en una protesta celebrada la semana pasada, en la que murieron tres manifestantes. El ex alcalde de Chacao está recluido en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, capital del estado Miranda, limítrofe con Caracas.
Jacobson se refirió a la necesidad de que el proceso judicial que enfrentará López sea transparente e imparcial, así como garantizar que las acusaciones en su contra sean debidamente adjudicadas. “Existe enorme preocupación sobre eso (el proceso) dadas las recientes prácticas registradas en Venezuela. Tenemos preocupaciones por ese caso en particular”, insistió.
Jacobson señaló que su gobierno continúa aún evaluando su respuesta al gobierno de Venezuela ante la expulsión de tres de sus diplomáticos, quienes, reveló, ya se encuentran en Estados Unidos “y me voy a reunir con ellos hoy”. “Aún estamos en el proceso sobre cómo vamos a responder y lo haremos público cuando llegamos a esa conclusión”, aseguró.
Al ser cuestionada sobre la necesidad de invocar la Carta Democrática Interamericana frente a la situación, Jacobson explicó que tal proceso no es simple, aunque reconoció que algunos de sus pilares como la libertad de prensa “estamos viendo que no están siendo respetados”.
Jacobson rechazó las denuncia del embajador de Venezuela ante la OEA Roy Charderton, quien el miércoles dijo que recibió una llamada telefónica de un funcionario del Departamento de Estado para amenazar a su gobierno en caso que detuviera a Leopoldo López, aunque aceptó que la llamada tuvo lugar.
“No fue una amenaza, no fue una demanda, fue una preocupación. Por desgracia el gobierno de Venezuela optó por no responder a esa llamada telefónica por los medios diplomáticos, sino con un alegato público que no es verdad”, subrayó.