Entre la polémica y pese a las distintas protestas, además del llamado de diversas organizaciones de derechos humanos locales e internacionales para ejercer su facultad de veto, el presidente Enrique Peña Nieto publicó la Ley de Seguridad Interior en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y con esto entrará en vigor a partir de este viernes 22 de diciembre.
Esta ley fue respaldada y aprobada por los partidos PRI, PVEM y algunos legisladores del PAN, establece un marco jurídico para que elementos de las Fuerzas Armadas intervengan en situaciones que pongan en riesgo la Seguridad Interior de determinada zona, ya sea un desastre natural o amenazas de grupos delincuenciales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, entre otros, son algunas de las organizaciones que exigieron que se detuviera la iniciativa desde que se presentó en las cámaras del Congreso de la Unión.
Algunas de las observaciones que activistas y académicos encontraron en la ley, es la facultad otorgada al presidente para dictaminar una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual ordena el desplazamiento de tropas a determinadas zonas para atender una “amenaza”. En el documento se descarta que la movilización pueda focalizarse en contra de manifestaciones políticas pacíficas, sin embargo existe confusión en la redacción del texto lo que ha generado incertidumbre entre quienes se oponían a su aprobación.