Las muertes de los estudiantes el 22 de octubre de 2011 conmovió a la población. La defensa de los policías proclamó siempre que eran inocentes. La pena de prisión se resolverá el 12 de septiembre. La pena máxima de Honduras es de 30 años.
Por el asesinato, también son acusados los ex policías Carlos Galeas y Wilfredo Figueroa, ambos fugitivos y con órdenes de captura.
El crimen ocurrió cuando una patrulla policial detuvo en una carretera periférica de la capital a Rafael Vargas, hijo de la rectora Julieta Castellanos, y su amigo Carlos Pineda. Sus cuerpos fueron encontrados un día después en un lugar solitario de las afueras de Tegucigalpa.