La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Designados y Electos (NALEO por sus siglas en inglés) estimó en casi 25 millones el número de hispanos que reunirán los requisitos para votar en esos comicios y en 28 millones para los presidenciales de 2016.
El pronóstico de votantes para noviembre representa un incremento respecto a los 6,6 millones de hispanos que votaron en las elecciones legislativas previas (celebradas en 2010) pero un descenso notable respecto a los 11 millones que lo hicieron en los comicios presidenciales del 2012.
NALEO subrayó también la importancia de que el Congreso modifique la Ley de Derechos Electorales para que los latinos “puedan expresarse en los centros de votación sin tener que enfrentar obstáculos o barreras discriminatorias”.
Según la organización, la decisión de la Corte Suprema despojó de protección a casi 7 millones de latinos con los requisitos para votar, y calcula que una nueva legislación repondría las protecciones a 4,5 millones de personas, 65% de los cuales serían hispanos.
La Corte Suprema anuló en junio fragmentos clave de la Ley de Derechos Electorales, los cuales exigían a 15 estados con antecedentes de discriminación electoral, especialmente en el sur de la nación, obtener autorización del gobierno federal antes de cambiar sus leyes electorales.
Poco después del fallo, siete estados aprobaron restricciones electorales, tales como reducciones en los plazos de votación anticipada y nuevos requisitos de identificación para votantes en las mesas electorales, según el Centro Brennan para la Justicia en la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York.
Carolina del Norte, por ejemplo, comenzó exigir a los votantes que se identifiquen con un documento que incluya una fotografía, eliminó la posibilidad de inscribirse en el padrón electoral el mismo día de las elecciones y redujo el plazo para votar de manera anticipada.
Autores de proyectos de ley presentados este año en ambas cámaras (los cuales buscan abordar las objeciones constitucionales expresadas por la Corte Suprema) aún buscan reunir el apoyo necesario para su aprobación.
El proyecto de ley obligaría a Georgia, Louisiana, Mississippi y Texas a obtener aprobación del Departamento de Justicia antes de modificar algún aspecto relacionado a la celebración de sus elecciones. NALEO dijo que 4,5 millones de hispanos con los requisitos para votar residen en esos cuatro estados.
El organismo agregó que al menos 14 millones de latinos con requisitos para votar residen en jurisdicciones que ofrecen ayuda electoral en español, y se beneficiarían de la vigilancia de observadores federales que estipula el proyecto de ley. Los republicanos sostienen que los requisitos para mostrar un documento de identidad son medidas razonables diseñadas para proteger la integridad del proceso electoral, no para restringir el derecho al voto.
Pero los demócratas argumentan que la exigencia de identificación con fotografía afecta especialmente a votantes de bajos ingresos o de minorías étnicas que no conduzcan, y por lo tanto no poseen un documento de identidad oficial tal como la licencia de conducir. La Ley de Derechos Electorales, que puso fin a la discriminación racial en áreas públicas, cumplió el mes pasado 50 años de vigencia.