Lynn Sells, de 49 años y condenado a muerte por asesinar a una niña en 1999, fue declarado muerto a las 18:27 horas locales (00:27 GMT del viernes), 13 minutos después de recibir la dosis letal en la unidad carcelaria Walls, Huntsville, 250 kilómetros al sureste de Dallas.
El Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) informó que Sells se negó a emitir una última declaración.
El prisionero se convirtió así en el primero en ser ejecutado en Texas con una dosis recién adquirida de pentobarbital, el sedante utilizado en la inyección, a fin de mantener el ritmo de ejecuciones.
Los abogados de Sells trataron de frenar su ejecución al interponer una demanda la semana pasada contra el TDCJ exigiendo el nombre del nuevo proveedor de pentobarbital, al sostener que tenían derecho a saber de dónde provenía.
Los abogados, junto con los del reo mexicano Ramiro Hernández Llanas, sostuvieron que se necesitaba conocer el dato para verificar la calidad de la droga que se utilizaría en la ejecución.
Argumentaron que sólo de esa forma se garantizaría que el proceso se efectuara sin violar el principio constitucional de muerte sin dolor.
La magistrada federal Vanessa Gilmore ordenó el miércoles suspender la ejecución de Sells, pero la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans desechó la suspensión horas después.
Gilmore también ordenó la suspensión de la ejecución del mexicano Hernández Llanas, la cual se mantiene vigente al no haber sido mencionada en el fallo de la Corte Federal de Apelaciones.
Este jueves los abogados de Sells hicieron un último intento de frenar la ejecución, apelando a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.
El máximo tribunal judicial del país desechó la petición y respaldó a la Corte Federal de Apelaciones.
Ambas cortes apoyaron a las autoridades carcelarias de Texas, que se oponen a revelar el nombre del nuevo proveedor de pentobarbital para protegerlo de eventuales ataques de opositores a la pena de muerte.
El problema se registra por la escasez de los compuestos usados en la inyección letal, que ha obligado a las entidades que aplican la pena capital a buscar nuevos proveedores y drogas para las ejecuciones.
La escasez es propiciada por la negativa de las compañías farmacéuticas a suministrar los medicamentos necesarios y de las farmacias para preparar los compuestos que aseguran una muerte rápida.
Varias farmacéuticas con sede en Europa, donde existe mayor oposición a la pena de muerte, han dejado de vender estos medicamentos a los sistemas penitenciarios estadunidenses.
Texas y otras entidades se han visto forzadas a recurrir a farmacias de compuestos, que fabrican fármacos personalizados bajo pedido y adoptan nuevas mezclas no probadas.