Una Sala de Apelaciones confirmó el viernes la decisión de la jueza Carol Flores de regresar el proceso en su contra hasta el 23 de noviembre de 2011, cuando Ríos Montt era diputado al Congreso y tenía inmunidad política.
Aunque la decisión es definitiva por parte de la Sala, aún hay recursos legales que podrían revertir el fallo, dijeron abogados de las víctimas. De confirmarse la decisión judicial por un tribunal mayor, el militar lograría que no se le pueda juzgar aún por los delitos que se le acusan.
Debido a los más de 100 recursos interpuestos en el expediente, éste tuvo una división. Por una parte, el caso avanzó hasta su juicio en el cual un tribunal sentenció a 80 años de prisión al ex dictador, el 10 de mayo de 2013. Pero la condena fue anulada 10 días después por la Corte de Constitucionalidad, que además también anuló una parte del juicio.
La otra parte se desarrolló dentro del mismo juicio cuando la jueza Flores, en medio de las audiencias, llamó a las partes para leer su resolución en la que anulaba todo. La decisión de Flores en su momento fue cuestionada porque ella misma ligó, en febrero de 2012, al general Ríos Montt al proceso en su contra.
Las víctimas en sus quejas alegaron que la decisión de Flores fue tergiversada, violaba sus derechos y compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Flores por su parte fundamentó su decisión en la falta de debido proceso.
Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos que acompaña a las víctimas, dijo que aún hay recursos para apelar la decisión de la Sala.
“Vamos a interponer los recursos para apelar la decisión de la Sala, no es la última palabra, tendrá que ser la Corte de Constitucionalidad quien decida qué hacer en el caso”, dijo Reyes.
Por su lado los abogados de Ríos Montt aseguran a periodistas que la decisión es final, por lo que no habrá un reinicio de juicio, como lo ordenó la CC y que estaba programado para el 5 enero de 2015.
Ríos Montt y el general Mauricio Rodríguez son acusados por las víctimas y el Ministerio Público, por la muerte de 1.771 indígenas asesinados a manos de soldados que estaban a las órdenes de estos durante su gobierno de facto, del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983.
En el juicio anulado parcialmente, cientos de indígenas ixiles relataron ante el tribunal y frente a los acusados, las masacres, violaciones masivas, torturas, secuestros de niños, desapariciones forzosas y desplazamientos forzosos de las que fueron víctimas.
Según un informe de Naciones Unidas, unas 200.000 personas fueron asesinadas y otras 45.000 fueron desaparecidas durante los 36 años de guerra entre 1960 y 1996 entre el Ejército de Guatemala y la guerrilla izquierdista.