La legislación, aprobada por 359 votos a favor y 64 en contra, devolvería a los estados el poder de decisión sobre cómo usar el resultado de los exámenes de los estudiantes al evaluar a los maestros y las escuelas. La medida también pondría fin a los esfuerzos de las autoridades federales por fomentar normas académicas como los Estándares Esenciales Comunes de Rendimiento.
La nueva norma de más de 1.000 páginas fue una solución negociada alcanzada entre los legisladores de la cámara baja y el Senado. Éste deberá someterla a votación a principios de la próxima semana y se espera que el presidente Barack Obama la firme.
El representante John Kline, republicano por Minnesota y quien dirigió el comité de diálogo entre ambas cámaras en torno a la legislación, dijo que Washington ha estado controlando de manera excesiva las aulas del país por demasiado tiempo.
“Hoy, damos vuelta a la página del fallido status quo y otorgamos a los padres de familia de nuestra nación y a nuestros líderes estatales y locales la autoridad, flexibilidad y certeza que necesitan para dar a los niños una excelente educación”, indicó.
El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo en un comunicado tras el voto que el proyecto de ley “reduciría la realización excesiva de exámenes y los mandatos federales estandarizados”, si bien algunos legisladores conservadores argumentaron que no llegaría muy lejos, y votaron en contra.
El secretario de Educación saliente Arne Duncan, que supervisó gran parte de la implementación de la ley, elogió la medida como un paso crucial hacia la protección de los derechos civiles de los estudiantes.
“Consagra en ley la expectativa de que donde las escuelas ofrezcan una educación pobre a los estudiantes o tengan un bajo índice de graduación durante largos periodos de tiempo, y donde los grupos de estudiantes no progresen, habrá rendición de cuentas y acciones para cambiar”, señaló Duncan en un comunicado justo después de la votación.
La ley educativa “Que ningún niño quede rezagado” había estado pendiente para ser renovada desde 2007, pero los intentos previos para reautorizarla habían caído en un debate más extenso sobre el papel de las autoridades federales en la educación pública.
La legislación mantendría una característica crucial de la ley de la época del presidente George W. Bush: exámenes anuales de lectura y de matemáticas para niños del 3ro al 8vo grado y una vez que lleguen a la secundaria. Y requeriría que las escuelas hagan públicos esos resultados de los exámenes, haciendo notar la raza de los estudiantes y si están discapacitados para ayudar a identificar brechas en el desempeño y escuelas con problemas.