En un comunicado, divulgado en Quito, la cancillería ecuatoriana señaló que “este acto que honra al gobierno panameño, sienta un precedente histórico en la región y hace justicia a los familiares de las víctimas ecuatorianas”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador consideró que la decisión de Panamá “confirma que la infracción cometida por Galo Lara Yépez se trata de un delito común, con víctimas que no tuvieron ningún tipo de vinculación política”.
“El proceso, seguido ante el más alto Tribunal Judicial del Ecuador, ha permitido establecer la comisión de un delito común, por lo que el referido ciudadano debe cumplir con la sentencia dictada por la justicia ecuatoriana”, apuntó.
La cancillería panameña informó que la documentación proporcionada por Ecuador constató nuevos elementos procesales que dan plena certeza de la existencia de delitos comunes y no una persecución política, por lo cual se elimina el beneficio.
La decisión de Panamá se basó en una sentencia del 18 de noviembre de 2013 que condenó al exdiputado a una pena de 10 años de cárcel por su supuesta participación en el asesinato de tres personas. En el comunicado, el ministerio ecuatoriano manifestó su “beneplácito” por la decisión de Panamá, “una vez ha podido constatar que no existen elementos políticos que ameriten mantener dicha figura internacional”.