QUITO, Ecuador (AP) — La Asamblea someterá a trámite final el jueves la posibilidad de reelección indefinida del cargo de presidente, a la que se oponen la oposición, las principales agrupaciones indígenas y sindicalistas.
En un discurso público, la presidenta del legislativo, Gabriela Rivadeneira, convocó para el jueves a una “alerta permanente… para no permitir que en este momento crucial para la historia seamos nuevamente víctimas de la manipulación de una derecha que utilizará todos los medios para tratar de manipular a la gente” en contra de las enmiendas.
Aparte de la reelección, las enmiendas constitucionales propuestas por el ejecutivo, piden declarar a la comunicación como servicio público; autorizan a la fuerzas armadas el control de la seguridad interna del país, reducen la edad para postularse a la presidencia a 30 años y buscan someter a los trabajadores del sector público al código del trabajo, aunque sin derecho al contrato colectivo, entre otros.
Uno de los principales dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamuez, dijo a la AP que “lo grave es que cien personas quieren modificar la constitución, eso es ilegal, eso es grave … nos sentimos perjudicados porque se reducen los derechos de los trabajadores”.
Añadió que el jueves irán a la asamblea “junto al pueblo ecuatoriano, para decirles una vez más a los legisladores que no atenten contra nuestros derechos, vamos a rodear la asamblea, llamamos a los ecuatorianos a expresare públicamente ante este gobierno dictatorial”.
En la Asamblea el partido de gobierno, Alianza País, cuenta con 100 de los 137 votos de ese organismo, lo que hace prever que no habrá obstáculos para la aprobación de tales reformas.
El asambleísta del partido de centro derecha, Creo, Diego Salgado, aseveró que aprobar la posibilidad de reelección “es peligroso para la democracia, para la república ya que su asienta en la alternabilidad del poder”.
Las enmiendas constitucionales han ocasionado una serie de marchas de rechazo lideradas por indígenas y sindicalistas, en las principales ciudades de este país, la última de ellas la semana pasada cuando miles de ciudadanos salieron a las calles para rechazarlas.
El presidente Rafael Correa, que asumió el poder en enero del 2007, debe terminar su mandato en el 2017, luego de una ratificación y una reelección tras el cambio de constitución en el 2008.